Activistas denuncian corrupción en el INM, el cual implica tráfico de personas y falsificación de documentos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se enfrenta a un proceso de extradición iniciado por Estados Unidos, donde se le acusa de ser responsable de fomentar el tránsito irregular de migrantes a través de México, en específico en Chiapas, uno de los puntos más críticos de la frontera sur. La creciente presión de Washington busca que Garduño responda ante la justicia por sus presuntos vínculos con redes de corrupción que han permitido la entrada ilegal de miles de extranjeros a territorio mexicano.
Durante su gestión, Chiapas se convirtió en un punto estratégico para miles de migrantes que veían a México como el paso obligado hacia Estados Unidos. Bajo la administración de Garduño, el INM permitió el flujo descontrolado de migrantes a través del estado, donde la corrupción y las cuotas ilegales se volvieron la norma. Activistas denunciaron la existencia del “Cártel de Migración”, una red que, según ellos, facilitaba el paso de migrantes a cambio de grandes sumas de dinero.
En este contexto, Garduño utilizó programas como CBP One, diseñados para regularizar los flujos migratorios, pero según las denuncias, fueron explotados para otorgar citas falsas que beneficiaban a aquellos que podían pagar. Esto no solo expuso a los migrantes a fraudes, sino que incrementó la presión sobre las autoridades locales, en particular en municipios de Chiapas, que recibieron un volumen creciente de personas sin los recursos necesarios para gestionarlo.
La situación en la entidad se agravó bajo este esquema, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y desbordamiento en las autoridades locales, quienes, según los informes, no pudieron hacer frente a esta crisis debido a la complicidad de la red que operaba desde el INM. Mientras tanto, Estados Unidos ha comenzado a tomar acciones más directas contra las personas que considera responsables de esta crisis migratoria.
Aunque Garduño ha intentado aferrarse a su cargo, parece cada vez más probable que la justicia estadounidense logre capturarlo para que responda por sus presuntos crímenes relacionados con el tráfico de personas, extorsión y corrupción. Este caso no solo representa una amenaza personal para el comisionado, sino que también pone en evidencia la ineficacia de las políticas migratorias que han afectado a los estados fronterizos.
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Permitió el flujo descontrolado de personas en movilidad a través del estado, donde la corrupción y las cuotas ilegales se volvieron la norma
