Cámaras, candados y perros sustituyen a la autoridad. La inseguridad obliga a financiar justicia desde casa
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El miedo en Tuxtla Gutiérrez es una línea más en el presupuesto de cada familia. Frente a una seguridad pública que no logra contener los delitos cotidianos, la población ha comenzado a financiar su propia protección. El dato es brutal, 47.7 por ciento del gasto familiar se destina a medidas preventivas. Esto no solo refleja un problema de violencia, sino una renuncia paulatina del Estado a garantizar la tranquilidad básica de sus ciudadanos.
La historia reciente de un conductor que enfrentó a presuntos asaltantes por su cuenta ejemplifica una realidad extendida, el hartazgo. Ante la creciente frecuencia de robos en colonias como San Roque o El Calvario, los intentos de justicia por mano propia ya no son aislados. Lo grave no es que un automovilista haya arriesgado su vida al cerrarles el paso a los ladrones, sino que eso ya no sorprenda a nadie. En Tuxtla, hacer justicia por cuenta propia se volvió costumbre.
Mientras la autoridad organiza reuniones vecinales y supervisa recorridos, las familias invierten en perros, cámaras, cerraduras y apps de vigilancia. Los anuncios caseros pegados en las paredes no son solo advertencias, son una muestra del abandono. Para muchas colonias, la única política de seguridad efectiva ha sido el miedo colectivo y la cooperación entre vecinos. El Estado ya no entra, y si lo hace, llega tarde.
La sensación de inseguridad ha bajado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero el costo para lograrlo ha sido trasladado a los bolsillos ciudadanos. Con más de cuatro mil pesos promedio por persona afectada, la cifra anual alcanza los 4.7 mil millones de pesos. Es decir, lo que no protege la policía, lo paga la sociedad.
La inseguridad no es solo una amenaza física, también es económica. Obliga a elegir entre protegerse o vivir. En Tuxtla, la justicia ya no se busca en las instituciones, sino en los propios recursos. La cifra del 47.7 por ciento no solo habla de inversión en seguridad, habla de una ciudad que aprendió a cuidarse sola, pero a un precio demasiado alto.
