El Congreso analiza castigar con prisión a empleadores que obliguen a firmar documentos en blanco para conservar el puesto
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, muchos trabajadores firman hojas vacías para no perder su empleo. Esa hoja, luego completada por el patrón, puede simular una renuncia o una deuda. Es una trampa legal que se ha normalizado en empresas y oficinas públicas. La diferencia ahora es que el Congreso del Estado ha decidido enfrentarlo. Por primera vez se discute sancionar esta práctica como delito.
La iniciativa busca agregar el artículo 401 Bis al Código Penal estatal. Quienes fuercen a firmar papeles en blanco podrían recibir hasta cinco años de cárcel. También se contemplan multas económicas de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Esta reforma no solo castiga, también reconoció un abuso silenciado. Porque hasta ahora, no había castigo claro ni mecanismos de defensa eficaces.
El contexto social agrava el problema. En Chiapas, casi la mitad de quienes trabajan reciben un solo salario. Eso hace que acepten condiciones injustas con tal de conservar el empleo. Firmar un papel en blanco no es una elección, es una forma de sobrevivir. Y quienes se niegan, muchas veces, pierden todo.
Lo alarmante es que este control no ocurre solo en el sector privado. Varias dependencias públicas repiten estas prácticas sin rendir cuentas. Así, el mismo Estado que debería proteger, también abusa. Por eso, la reforma no solo busca castigar a empresas, sino también limpiar su propia casa. Y enfrentar la hipocresía institucional.
Si esta ley se aprueba, será un avance necesario, pero no suficiente. Tipificar el delito no basta sin garantizar cómo denunciarlo. Se necesitarán defensores laborales accesibles y campañas de concientización. Porque mientras firmar en blanco siga siendo la regla, la justicia será letra muerta. Y eso es justo lo que esta reforma pretende cambiar. El siguiente reto será evitar que la ley quede como una promesa sin ejecución real.
