Localidades con altos niveles de violencia y marginación quedaron excluidos del FOFISP sin explicación oficial
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el acceso a recursos federales para fortalecer la seguridad pública enfrenta un serio desfase: apenas 23 de sus 124 municipios recibirán fondos del Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) en 2025. Este panorama reveló una concentración de apoyos en unas pocas localidades, mientras más de 100 gobiernos municipales quedan sin financiamiento, justo en el momento que muchos de ellos padecen crisis de inseguridad y violencia.
El presupuesto total asignado al estado es de casi 45 millones de pesos, distribuido en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal, que suman la mayor parte de los recursos. Sin embargo, la exclusión de municipios con altos índices de conflicto social, como Pantelhó y Chenalhó, plantea dudas sobre los criterios que orientan la asignación y dejó en evidencia una brecha preocupante en la cobertura del gasto en seguridad.
Según la autoridad estatal, la entrega del fondo consideró factores como población, incidencia delictiva y marginación, pero el hecho de que se prioricen ciertas demarcaciones deja fuera a zonas que enfrentan problemas de violencia estructural, desplazamientos forzados y falta de equipamiento policial básico. Esto pone en riesgo la capacidad de respuesta y prevención en regiones vulnerables.
Los municipios beneficiados están obligados a manejar estos recursos con transparencia y rendición de cuentas, destinándolos a mejoras en patrullas, capacitación y tecnología policial, y sometiéndose a revisiones periódicas. Sin embargo, la falta de explicaciones claras sobre la exclusión masiva genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la equidad y efectividad del programa.
En un contexto donde la violencia en Chiapas no cesa, la limitación en el acceso a recursos para fortalecer las policías municipales puede profundizar la crisis de seguridad. La dispersión desigual del FOFISP obliga a replantear las políticas públicas para garantizar que más municipios, los más afectados, reciban el apoyo necesario para proteger a sus comunidades.
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Los 45 millones de pesos serán distribuido en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal
