Autoridades locales piden censos y estrategias reales para rescatar a niños y niñas de ocupaciones laborales y reincorporarlos a la escuela
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el trabajo infantil ha dejado de ser un problema invisible para convertirse en una constante en plazas, cruceros, mercados y calles. Lejos de disminuir, el fenómeno se intensifica, más de 338 mil niñas, niños y adolescentes están involucrados en actividades económicas, muchas veces a costa de su educación y de su niñez. La realidad obliga a preguntarse si se ha normalizado lo que debería indignar.
La pobreza, combinada con la falta de oportunidades, ha empujado a menores hacia las calles. Pero no es solo un tema económico. Hay una estructura institucional que ha fallado, ni los ayuntamientos, ni los gobiernos estatales ni el federal han articulado una respuesta efectiva. Mientras tanto, comunidades enteras viven en la contradicción de asumir como “uso y costumbre” lo que en realidad vulnera derechos fundamentales.
La deserción escolar y la exposición a riesgos graves como la trata de personas, la explotación sexual o los atropellamientos, crecen junto al silencio social. Aunque se han hecho llamados para censar a la niñez trabajadora, identificar sus contextos y protegerlos, el esfuerzo no se ha traducido en estrategias reales. Muchos padres, incluso, consideran que sus hijos deben contribuir de manera económica, porque el abandono institucional ha sido largo y persistente.
En zonas indígenas, se justifica el trabajo infantil como parte del aprendizaje cultural. Sin embargo, eso no elimina el daño. La carga física, la interrupción escolar, el aislamiento, la discriminación y la falta de acceso a salud son consecuencias que no pueden pasarse por alto. Lo que en principio se percibe como tradición, se ha cruzado con la exclusión y el desamparo.
La tendencia es alarmante y no hay señales de que se revierta. Urge una política pública con rostro humano, no solo números. El Estado no puede mirar hacia otro lado mientras más niñas y niños venden dulces en lugar de aprender a leer. La responsabilidad colectiva no se agota en la denuncia, empieza en el momento que se entiende que el trabajo infantil no es una estadística más, sino una urgencia que reclama justicia social.
