La entidad enfrenta una crisis de desapariciones que se agudiza con mil 563 casos activos y apenas 25 cuerpos recuperados
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, las búsquedas recientes revelaron un patrón alarmante, 12 fosas clandestinas localizadas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Aunque los hallazgos ocurrieron en zonas distintas como La Concordia, Tapachula, Emiliano Zapata y Suchiate, comparten un mismo origen, la inacción del Estado frente al incremento del crimen organizado en el territorio. Las búsquedas no son el inicio de la justicia, son el último recurso cuando todo ha fallado.
Detrás de cada fosa hay una historia que nunca fue investigada. Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mil 563 personas siguen desaparecidas en Chiapas hasta junio de 2025. La mayoría de estos casos se concentran en municipios que hoy aparecen en los informes forenses. La búsqueda no avanza con inteligencia institucional, sino con el esfuerzo agotador de familiares que, sin garantías, excavan tierra.
En contraste con otras regiones del país, el estado ocupa un lugar creciente en el mapa nacional del horror: el 93 por ciento de las desapariciones en el estado ocurrieron entre 2018 y 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este repunte coincide con el reacomodo de grupos armados que disputan rutas clave. Las fosas no solo reflejan violencia, sino la normalización de su impunidad.
Pese a la gravedad, la identificación forense es limitada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la región solo hay un perito forense por cada 184 cuerpos ingresados al sistema, lo cual retrasa la entrega digna a las familias y entorpece procesos judiciales. Las 25 víctimas halladas en las 12 fosas recientes en Emiliano Zapata, Palenque, La Concordia, Tapachula y Soyaló, aún no han sido identificadas.
En 2025, se destinó apenas 0.01 por ciento del presupuesto total al Sistema de Búsqueda de Personas, según el Presupuesto de Egresos. Es una cifra simbólica que expresa prioridades claras: las familias buscan con palas; el Estado, con excusas. Las 12 fosas de la comarca no son un hallazgo aislado, sino el resultado de una política de abandono sistemático. Y lo que sigue enterrado no es solo a las víctimas, sino la obligación de buscarlas.
