Denuncias revelaron una red de amenazas y abusos contra extranjeros en rutas clave
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En las carreteras de Chiapas, la ruta de los transmigrantes se ha vuelto también un camino marcado por la corrupción y la extorsión. Usuarios que transitan en vehículos conocidos como “transmigrantes”, que son unidades deterioradas o chocadas que viajan desde Estados Unidos hacia Centroamérica, denunciaron cobros ilegales de hasta 14 mil pesos por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Estos abusos ocurren en puntos estratégicos, como el tramo carretero Mapastepec-Escuintla, a la altura de la comunidad Ulapa, donde los agentes federales detienen a las unidades bajo amenazas e inventan irregularidades para exigir pagos que permitan continuar el viaje. Las víctimas relataron cómo el dinero tiene que enviarse desde Guatemala a cuentas particulares para liberar los vehículos, lo que evidencia una red estructurada de extorsión.
La gravedad de la situación se reflejó en datos oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que en 2023 se denunciaron más de mil 200 casos de extorsión a migrantes y transmigrantes en México, con la entidad entre los estados con mayor incidencia. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el 38 por ciento de los migrantes en tránsito experimentan alguna forma de abuso o violencia durante su recorrido por territorio mexicano.
El fenómeno no solo afecta a la economía de estas personas, sino también su seguridad y derechos fundamentales. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la impunidad en casos relacionados con migrantes supera el 80 por ciento, lo que fomenta la persistencia de estas prácticas y dificulta que las víctimas denuncien por temor a represalias. Esta situación contradice el discurso oficial de “Cero corrupción y cero impunidad” que promueve Gobierno federal.
Frente a esta problemática, los transmigrantes exigieron una intervención inmediata del delegado de la FGR en la comarca y un mecanismo efectivo para erradicar estas extorsiones que vulneran no solo a quienes transitan por el país, sino la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. La ruta hacia la frontera sur no debería estar marcada por la corrupción, sino por la garantía de derechos y seguridad.
