La instancia carece de criterio para evaluar casos particulares, lo que afecta derechos como la presunción de inocencia
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La cancelación del certificado de sellos digitales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido en una herramienta de presión fiscal que afecta a miles de contribuyentes. Esta medida, aunque diseñada para asegurar el cumplimiento tributario, ha generado una controversia por su impacto en la operación comercial y la seguridad jurídica de las empresas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 99 por ciento de las facturas emitidas en México son electrónicas, lo que hace del certificado digital un elemento crucial para la actividad económica. Sin embargo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reportó que en 2024 se incrementaron en un 30 por ciento las quejas relacionadas con la suspensión y cancelación de estos sellos, lo que evidenció un uso masivo y poco analizado por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El asesor fiscal empresarial Javier Nava Castillo advirtió que el bloqueo de estos certificados genera un círculo vicioso,los contribuyentes no pueden emitir facturas ni generar ingresos, lo que dificulta saldar los adeudos que motivaron la suspensión. Esto ha llevado a que, en algunos casos, la restitución del sello tarde hasta ocho meses, lo que afecta a pequeñas y medianas empresas que representan el 52 por ciento del empleo formal en el país, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La automatización en los procesos del SAT, si bien agiliza trámites, ha provocado una aplicación rígida sin un análisis profundo de cada caso, argumentó Nava. Más de mil 500 reglas regulan la emisión de facturas electrónicas, lo que aumenta la probabilidad de errores técnicos o administrativos que pueden desencadenar la cancelación del sello, esto dañaría el flujo de efectivo y la continuidad del negocio.
Asimismo, expertos en materia fiscal alertaron que esta práctica puede vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. La Prodecon ha solicitado que se implementen mecanismos más justos y transparentes, que permitan un diálogo efectivo entre autoridades y contribuyentes, lo que garantizaría un equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección a las empresas.
