Municipios clave como Reforma concentran la mayor dependencia del petróleo
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas enfrenta un desafío económico que podría extenderse hasta 2035, derivado de la profunda crisis de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda actual de la paraestatal alcanza 99 mil millones de dólares, situación que compromete el pago a proveedores y la inversión en servicios públicos, mientras que el Fondo Monetario Internacional alerta sobre la vulnerabilidad de regiones dependientes del petróleo.
El impacto será severo en municipios de la Zona Norte, como Reforma, donde 31.4 por ciento de la población depende directa o indirectamente de Pemex, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este municipio aporta alrededor del 37.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, lo que significa entre 140 y 160 mil millones de pesos anuales condicionados por la situación de la paraestatal.
En la frontera sur, la dependencia se centra en la distribución de combustibles, lo que afecta a municipios como Suchiate y Tapachula. Datos de la Secretaría de Energía indicaron que la capacidad de distribución regional ha disminuido un 12 por ciento en los últimos cinco años, esto mostró la falta de inversión y el retraso en infraestructura crítica para garantizar el suministro.
La crisis de Pemex también amenaza a micro, pequeñas y medianas empresas de la región, dado que el Inegi reportó que 400 mil millones de pesos de deuda nacional afectan la liquidez de proveedores, lo que genera un efecto dominó sobre empleos y economía local. Expertos advirtieron que, sin un proyecto económico alternativo, la región podría repetir el modelo fallido de Campeche, donde la dependencia petrolera llevó a una recesión prolongada.
Ante este panorama, especialistas recomendaron diversificar la economía mediante industrias no vinculadas a los combustibles fósiles, incluyendo energías renovables y producción agroindustrial. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 28 por ciento de la población en estas zonas vive en condiciones de vulnerabilidad económica, por lo que cualquier retraso en la transformación productiva podría aumentar la pobreza y comprometer la estabilidad social en los próximos 10 años.
