La ASE detectó irregularidades por 7.7 millones de pesos y brindó 30 días para esclarecer los gastos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
San Fernando enfrenta un llamado de atención por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas, que detectó irregularidades por 7.7 millones de pesos en recursos estatales y federales durante 2024. Más allá de los números, el informe evidenció deficiencias en la administración municipal que podrían comprometer la transparencia y la confianza ciudadana.
Entre los recursos estatales, el gasto en servicios generales reflejó vacíos administrativos preocupantes: 3.76 millones de pesos carecen de comprobantes válidos, lo que equivale al 86 por ciento de las observaciones en esta categoría. Además, pagos de energía eléctrica por 585 mil pesos y defectos en pavimentación muestran que el control sobre obras básicas sigue siendo insuficiente.
La adquisición directa de un camión recolector por 1.97 millones de pesos, recomendada con anterioridad y aún no atendida, puso en evidencia fallas en la rendición de cuentas. En materia federal, se registraron irregularidades por 3.32 millones de pesos en Faismun y Fortamun-DF, ambos fondos gubernamentales, donde destacaron pagos excesivos en materiales de construcción y cámaras de vigilancia, gastos que no cuentan con resguardos ni convenios legales.
Las estadísticas oficiales revelaron que 48 por ciento del gasto en servicios generales no tiene documentación, 100 por ciento de las cámaras de vigilancia carecen de resguardo, y el 64 por ciento del presupuesto para materiales de construcción supera lo justificado. Con 30 días hábiles para aclarar estas observaciones, el ayuntamiento se enfrenta al reto de evitar que estas irregularidades afecten futuros recursos y la percepción pública sobre su gestión.
Expertos en finanzas públicas señalaron que la falta de control y transparencia en la administración local no solo pone en riesgo la inversión en infraestructura, sino que puede debilitar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. El caso de San Fernando reflejó la importancia de implementar mecanismos sólidos de supervisión para garantizar que los recursos públicos se apliquen de manera eficiente y ética.
