Muchos adultos mayores dependen del trabajo y la familia para cubrir necesidades básicas ante pensiones insuficientes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas se enfrenta a una transición demográfica marcada por el envejecimiento de su población. Para 2024, se estimó que el 17 por ciento de los chiapanecos, es decir, más de 900 mil personas, tenían 60 años o más, lo que posiciona al estado ante la necesidad de replantear políticas de salud, empleo y bienestar social para este sector, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Lejos de ser una carga, los adultos mayores aportan al entorno familiar y comunitario. Hernández Alegría, presidente de Empresarios del Sur Unidos por las Personas Adultas Mayores (ESUPEM), señaló que muchos mantienen actividad laboral, a menudo en el sector informal, con el 15 por ciento de la población de 60 años o más todavía insertada en la fuerza productiva, en especial en agricultura, ganadería y comercio, según estadísticas del Inegi.
La ausencia de sistemas de pensiones obliga a prolongar la vida laboral, lo que genera una doble presión: económica y física. Solo el 30 por ciento de los adultos mayores en la entidad recibe algún tipo de pensión o jubilación, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes dependen de ingresos propios para cubrir necesidades básicas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
La atención especializada es otro desafío crítico. Las enfermedades neurodegenerativas y crónicas demandan cuidados integrales que muchas familias no pueden brindar. Centros geriátricos, ofrecen atención médica y convivencia familiar, lo que garantiza la voluntad del adulto mayor y evita la percepción de abandono; en la actualidad, apenas el dos por ciento de los adultos mayores reside en estas instituciones, según datos del Inegi.
Garantizar una vejez digna requiere acciones concretas, fortalecer los sistemas de pensiones, ampliar el acceso a servicios de salud y crear oportunidades de participación social y laboral. El territorio enfrenta la oportunidad de transformar el envejecimiento poblacional en un activo, reconociendo que el bienestar de sus adultos mayores impacta en la cohesión social y la estabilidad económica del estado.
