El ajuste a 28 pesos en las unidades con clima y 26 en las que no lo tienen se aplicó sin consulta ciudadana
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El incremento del precio en el transporte público ha generado un disgusto en los habitantes de la capital chiapaneca, quienes afirmaron que estos cambios sin previa consulta dañan la economía familiar. Dicha práctica la han replicado las rutas que van hacia Berriozábal, quienes de manera arbitraria aumentaron dos pesos a la tarifa vigente y en los últimos tres años, se registró una inflación de 10 pesos.
La modificación establecida por el sector transportista de Berriozábal quedó una cuota de 28 pesos en las unidades más nuevas que cuentan con más comodidades como airea acondicionado, mientras que, en los autobuses tradicionales quedó establecido en 26 pesos. El nuevo costo entró en vigor desde 3 de enero y causó discrepancia entre choferes y usuarios, puesto que la Secretaría de Movilidad y Transporte, tiene en su tabulador un precio de 23.80 pesos por el recorrido de 23 kilómetros entre Tuxtla y Berriozábal. Los afectados aseguraron que lo único que lo hace oficial es una hoja de papel que estipula los cambios, pero no cuenta con sello o firma de las autoridades.
El documento emitido por las administraciones de las rutas San José y el Sistema Metropolitano justifica el aumento por el incremento en el precio del combustible y los gastos operativos, sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de autorización oficial ha provocado que la población considere este incremento como unilateral y arbitrario.
Estadísticas recientes señalaron que cerca de 15 mil pasajeros diarios utilizan la ruta Berriozábal-Tuxtla, lo que implica un impacto económico directo en familias que dependen del transporte colectivo. Además, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2024), el 38 por ciento de los trabajadores de la zona suburbana destinan más del 10 por ciento de su salario al transporte. Entre 2023 y 2025, los costos promedio del combustible aumentaron un 17 por ciento, mientras que el mantenimiento de unidades intermunicipales subió un 12 por ciento.
La ciudadanía ha solicitado la intervención de las autoridades para regularizar la tarifa y garantizar la transparencia en los ajustes futuros. Organizaciones civiles y usuarios coincidieron en que incrementos como este afectan la economía familiar y requieren vigilancia para que se respeten los tabuladores oficiales y los derechos de los pasajeros.
