La actualización del catálogo de autoridades indígenas es clave en el combate a la exclusión de liderazgos femeninos en Chiapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un esfuerzo por garantizar que las mujeres electas como presidentas municipales ejerzan sus funciones, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas ha intensificado sus acciones contra la violencia política de género en comunidades indígenas. Este enfoque se centra en combatir la práctica de los denominados “presidentes por usos y costumbres”, quienes han asumido el poder en lugar de las alcaldesas electas.
El IEPC, bajo la supervisión de su Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, aprobó la actualización del catálogo de autoridades comunitarias de los municipios indígenas. Este paso responde al cumplimiento del reglamento interno del Instituto y busca afianzar una representación genuina en estas comunidades. Según la consejera electoral, Gloria Esther Mendoza Ledesma, estas medidas pretenden erradicar prácticas que perpetúan la exclusión de las mujeres en el ejercicio político.
Entre las estrategias implementadas, el IEPC ha enviado notificaciones a los tres poderes del estado para que cualquier convocatoria dirigida a los municipios indígenas se realice a las presidentas municipales. Esto marca un cambio significativo respecto a administraciones pasadas, donde los representantes tradicionales eclipsaban a las alcaldesas en reuniones oficiales.
Además, el Instituto ha consolidado herramientas como el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, que monitorea posibles actos de violencia política de género. Mendoza Ledesma enfatizó que el trabajo conjunto entre las consejeras del IEPC ha permitido desarrollar acciones afirmativas que fortalecen la difusión de los derechos de las mujeres y su capacidad para ejercer sus cargos sin restricciones.
Estas iniciativas reflejaron el compromiso del IEPC con una democracia inclusiva, en la que las mujeres indígenas tengan garantizada su participación política. Sin embargo, el desafío persiste en transformar las prácticas culturales y políticas arraigadas que limitan el acceso de las mujeres al poder en sus comunidades.
