Exigen que se investigue a fondo el uso ilícito de recursos de vigilancia aseguradas en un operativo
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Empresarios y comerciantes de Suchiate alzaron la voz tras el operativo interinstitucional que permitió asegurar cámaras de videovigilancia utilizadas por células delictivas para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad. Aunque la investigación sigue su curso, la comunidad local exige que se llegue hasta el fondo, dado que temen que ciertos actores dentro de las autoridades municipales hayan permitido que el crimen organizado operara con total impunidad en la región.
Las cámaras incautadas fueron localizadas en puntos estratégicos y coincidían con las mismas utilizadas en el sistema de seguridad Escudo Urbano C5, lo que plantea serias dudas sobre el origen de estos equipos. Los empresarios afectados por las extorsiones y el cobro de piso sospechan que las autoridades locales pudieron haber facilitado la instalación de estas cámaras, permitiendo así que los criminales monitorearan en tiempo real las actividades de la policía y otras fuerzas de seguridad.
La administración del alcalde Elmer Vázquez se encuentra bajo la lupa, puesto que no solo se cuestiona la relación entre estas cámaras y el crimen organizado, sino también el origen del financiamiento de su campaña. Para muchos, la vinculación entre el uso de recursos ilícitos para campañas políticas y la protección a grupos delictivos es un indicio claro de corrupción en las esferas locales. Los empresarios exigieron que se aclare esta situación de inmediato.
Los comerciantes que pagaban cuotas a los criminales para operar ahora se sienten aliviados, pero también desconfían. Si bien la desarticulación de la red de videovigilancia ha reducido las extorsiones, la comunidad teme que, sin una vigilancia constante, las autoridades locales no garanticen la seguridad necesaria para que el crimen no regrese. La presencia de las fuerzas federales y estatales será clave para evitar que los criminales retomen el control.
El caso pone en evidencia la necesidad de reformar los sistemas de seguridad en Chiapas, no solo a nivel operativo, sino también en cuanto a la vigilancia sobre las autoridades locales. Los empresarios y comerciantes de Suchiate, cansados de vivir en la extorsión, piden justicia y la plena aplicación de la ley para acabar con la complicidad que hasta ahora ha prevalecido en la región.
