La reestructuración al IMSS Bienestar ha frenado protocolos ya establecidos en el estado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque Chiapas aprobó en noviembre de 2024 la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, la aplicación efectiva de esta reforma todavía enfrentabarreras. La objeción de conciencia entre el personal médico y la reciente transición del sistema de salud al IMSS Bienestar han limitado el acceso real a este derecho en varios municipios del estado.
Organizaciones civiles han denunciado que hospitales en Comitán, Chiapa de Corzo y Berriozábal han rechazado la atención a mujeres que solicitan interrumpir su embarazo. Médicos se han amparado bajo la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos, pero no se han implementado mecanismos suficientes para redirigir a las solicitantes a otras clínicas donde puedan recibir atención adecuada.
El cambio en la administración del sistema de salud también ha supuesto un retroceso. Antes de la transición al IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud estatal había establecido programas y espacios seguros para la interrupción del embarazo, en especial para sobrevivientes de violencia sexual. Con la reestructuración, estos avances han quedado en suspenso mientras se esperan nuevos lineamientos desde la federación.
Defensoras del derecho al aborto han enfatizado la necesidad de socializar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema de salud público. La falta de información y capacitación entre el personal médico ha contribuido a la persistencia de barreras, lo que deja a muchas mujeres en un limbo legal y sin opciones accesibles.
A pesar de los obstáculos, activistas han asegurado que continuarán insistiendo en la vinculación con instituciones de salud para garantizar que el derecho al aborto no quede solo en el papel. La transición administrativa no debería ser un pretexto para frenar el acceso a un derecho ya reconocido en la legislación estatal.
