La rápida destitución del administrativo busca evitar interferencias en el caso y reforzar la política de cero tolerancia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Las investigaciones sobre el exfuncionario estatal detenido por acosar a dos menores de edad en una plaza de Tuxtla Gutiérrez continúan en manos de la Fiscalía de la Mujer. El titular de la Agencia Digital Tecnológica, Jovany Salazar, confirmó que la dependencia ha colaborado con las autoridades para esclarecer el caso y garantizar que se cumpla con el debido proceso. La destitución inmediata de Marco “N” fue una de las primeras medidas adoptadas para evitar cualquier interferencia en la indagatoria.
El caso ha generado indignación y subrayó la urgencia de reforzar los protocolos en la administración pública. Salazar enfatizó que la decisión de separar al acusado de su cargo fue tomada sin dilación, incluso en un día inhábil, para evitar cualquier protección institucional. Además, reconoció la determinación de los familiares de las víctimas al denunciar los hechos, señaló que su valentía permite que este tipo de agresiones no queden impunes.
La destitución de Marco “N” dejó vacante la Dirección de Infraestructura de la Agencia, la cual ya ha sido ocupada por el doctor en Física, Ely Santos. La dependencia busca garantizar que su equipo opere con normalidad mientras el caso avanza en la Fiscalía. Salazar dejó en claro que el acusado no volverá a formar parte de la institución, lo que refuerza la postura de cero tolerancia ante este tipo de conductas.
Si bien el Gobierno del Estado ha actuado con rapidez, el caso abre cuestionamientos sobre los filtros y mecanismos de supervisión en la designación de funcionarios. La administración ha reiterado su compromiso con la transparencia, pero la exigencia de la ciudadanía va más allá de sanciones individuales: se requiere una revisión profunda para evitar que estos escenarios se repitan.
Por ahora, la dependencia ha decidido mantenerse al margen del contacto con los familiares de las víctimas para evitar interpretaciones erróneas. No obstante, Salazar expresó su solidaridad con ellos y reafirmó el compromiso institucional de colaborar con las autoridades. Mientras la indagatoria sigue su curso, el caso deja en evidencia la necesidad de un cambio estructural que garantice entornos libres de violencia y abuso dentro del Gobierno.
