Autoridades federales y estatales preparan un protocolo de seguridad y apoyo para los connacionales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Las autoridades de Tapachula recibieron un vuelo con chiapanecos deportados desde Estados Unidos, como parte de la política migratoria que implementó la administración de Donald Trump. Según fuentes de seguridad del Instituto Nacional de Migración (INM), la aeronave salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con destino final a Tapachula. Este vuelo marca el inicio de un proceso que podría traer consigo un flujo creciente de connacionales. De esta manera, se prevé que más deportados sigan el mismo destino en los próximos meses.
Aunque el número exacto de personas a bordo del vuelo sigue siendo incierto, se espera que muchos de los deportados provengan de comunidades cercanas a la frontera con Guatemala. Estos chiapanecos habían emigrado en busca de mejores condiciones laborales, pero ahora deben regresar al país tras la intensificación de las deportaciones.
En Tapachula, autoridades federales y estatales prepararonun operativo especial para recibir a los deportados. Los connacionales fueron atendidos por médicos en una evaluación rápida, para garantizar su bienestar al arribar a la ciudad. La atención médica es crucial, dado que muchos han pasado tiempo en condiciones precarias. Tras la valoración, se les proporcionó transporte hacia sus comunidades, para facilitar su reintegración.
La llegada de este vuelo refleja las políticas migratorias más estrictas del Gobierno de Estados Unidos, las cuales impactan a miles de migrantes. Chiapas es uno de los estados más afectados por la repatriación, debido a su proximidad con la frontera sur. En 2024, más de 13 mil chiapanecos fueron retornados a su tierra natal. Esto subraya el problema persistente que enfrentan los migrantes y las comunidades receptoras.
El INM ha dispuesto recursos logísticos para apoyar el regreso de los repatriados a sus hogares. Algunos de los deportados optarán por regresar por sus propios medios o con el apoyo de sus familias. Sin embargo, el proceso ha generado reacciones mixtas en la región, donde las autoridades locales deberán gestionar un flujo constante de personas retornadas, lo que genera una presión adicional sobre los servicios sociales.
