Señalan esta estrategia como un plan para debilitar la resistencia contra la construcción de autopista
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La lucha por la defensa del territorio en Chilón se enfrenta a una creciente campaña de hostigamiento y criminalización. Organizaciones comunitarias han denunciado un patrón de intimidación dirigido contra quienes se oponen a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, exponiendo las amenazas y estrategias de desinformación que buscan debilitar la resistencia indígena.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 4 de marzo, momento donde personal identificado como parte del ayuntamiento de Chilón retiró un letrero comunitario que rechazaba el proyecto carretero. La acción no solo fue realizada sin consulta, sino que, al ser confrontados, los responsables intentaron desentenderse del acto. Este hecho, lejos de ser aislado, refuerza la percepción de una estrategia para silenciar la voz de las comunidades.
A esto se suma una grave acusación contra un sacerdote de la Misión de Bachajón, señalado sin pruebas en mensajes de WhatsApp como responsable de un delito. La difamación, en este contexto, no es solo un intento de desprestigiar, sino una amenaza a la seguridad de quienes acompañan a las comunidades en su defensa del territorio. Las organizaciones han advertido que este tipo de ataques responden a un patrón de criminalización que busca fragmentar la resistencia y debilitar su legitimidad.
El Concejo del Gobierno Comunitario de Chilón y elMovimiento en Defensa de la Vida y el Territorio(Modevite) han exigido el cese de estas agresiones y la manipulación mediática. La desinformación, promovida por algunos representantes ejidales, busca generar división y desmovilizar la organización comunitaria, lo que facilitaríala imposición de proyectos sin el consentimiento real de los pueblos originarios.
En este escenario, la defensa del territorio en Chilón no solo enfrenta la amenaza de megaproyectos, sino una ofensiva sistemática que busca criminalizar la resistencia y debilitar los lazos comunitarios. Lo que está en juego no es solo una carretera, sino el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio sin miedo a represalias.
