La falta de control gubernamental ha permitido la reactivación de la contrainsurgencia en territorios autónomos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Los megaproyectos impulsados por Gobierno federal han avivado las tensiones en Chiapas, donde las bases de apoyo zapatistas y comunidades en resistencia denuncian un escenario de violencia y despojo territorial. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), estas políticas han fortalecido la contrainsurgencia y profundizado la vulnerabilidad de los pueblos autónomos.
El informe de Frayba señaló que, entre 2021 y 2024, la implementación de programas como Sembrando Vida y el desarrollo de infraestructuras como el Tren Maya han generado una disputa directa por la tierra. Bajo la promesa de progreso, estos proyectos facilitarían la confrontación entre comunidades y el avance de grupos delictivos, lo que convierte a la región en un foco de tensión constante
Uno de los ejes más preocupantes es la permisividad estatal ante actores que de manera histórica han operado en la sombra, como los sucesores del paramilitarismo y organizaciones vinculadas a intereses económicos. La ausencia de un control gubernamental efectivo no solo perpetúa la inseguridad, sino que también abre la puerta a una estrategia de debilitamiento de los pueblos en resistencia.
Para las comunidades zapatistas, el modelo de desarrollo promovido desde la federación no solo ignora su derecho a la autonomía, sino que representa un intento sistemático de fragmentación social. Mientras el discurso oficial resalta las oportunidades económicas de estos proyectos, en la práctica se traducen en desplazamientos forzados y pérdida del control sobre los territorios recuperados.
El debate sobre la relación entre desarrollo y autonomía sigue abierto. Para los zapatistas, el problema no radica en el crecimiento económico en sí, sino en la manera en que se impone desde arriba, sin considerar los procesos de autodeterminación de los pueblos originarios. Frente a esta realidad, la resistencia se mantiene como la única opción ante un modelo que, lejos de integrar, avanza sobre los derechos y la identidad de los pueblos en lucha.
