El ocupante extranjero lleva más de dos años en la zona sin permiso oficial. Ciudadanos piden su desalojo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En uno de los márgenes del río Fogótico, dentro del parque El Encuentro, en San Cristóbal de Las Casas, un ciudadano estadounidense ha instalado su residencia de manera ilegal desde hace más de dos años. Lo que comenzó como una presencia discreta se ha transformado en un conflicto abierto entre la comunidad de la colonia Las Canastas y un individuo que, sin autorización, ha tomado posesión de un terreno federal y ha comenzado a alterar el equilibrio ambiental de la zona.
La preocupación no radica en la ocupación irregular, sino en las consecuencias que su estancia ha traído al ecosistema. Vecinos han documentado cómo el extranjero arroja residuos al cauce del río, acto que contamina una fuente de agua que muchas familias utilizan a diario. Lejos de tratarse de un conflicto vecinal aislado, lo que está en juego es el acceso a un recurso vital y la integridad de un entorno natural protegido.
A pesar de haber acudido a instancias ambientales y de justicia, los colonos aseguraron que ninguna autoridad ha dado seguimiento a sus denuncias. La omisión institucional ha prolongado el problema, lo que ha generado un sentimiento de abandono entre los residentes. Mientras tanto, el invasor mantiene su postura desafiante, convencido de que nadie se atreverá a retirarlo del terreno.
Este caso reveló una tensión más profunda entre las leyes de protección ambiental y su ejecución efectiva. El parque El Encuentro, concebido como un espacio ecológico y comunitario, hoy sufre una ocupación que, sin intervención oportuna, podría sentar un precedente peligroso sobre la fragilidad de las áreas verdes en zonas urbanas. La falta de una respuesta eficaz pone en duda la capacidad de las instituciones para hacer valer el orden territorial.
La comunidad ha dirigido un llamado urgente a la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, exigiendo el desalojo inmediato del invasor y la restauración del terreno ocupado. Más que un problema de tenencia, este caso representa una disputa entre el derecho colectivo a un entorno sano y la impunidad con la que algunos deciden imponer su presencia. Para los vecinos, ya no se trata solo de recuperar un espacio, sino de defender la dignidad de su territorio.