Etiquetas, marcadores y sellos serán reutilizados por el INE. Las boletas, únicas bajo resguardo,
llegarán en mayo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En medio de ajustes presupuestales, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas decidió optar
por una ruta práctica: reciclar parte del material electoral que será utilizado en la elección del
Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio. La medida, confirmada por la vocal ejecutiva
del organismo en el estado, Claudia Rodríguez Sánchez, reflejó las nuevas condiciones operativas
del instituto tras los recientes recortes financieros.
El reciclaje no implica improvisación, sino reorganización. Urnas genéricas de procesos anteriores,
etiquetas reaprovechadas y marcadores ya conocidos por el personal electoral serán
reintroducidos en el proceso. Para asegurar su correcta identificación, las urnas serán forradas con
nuevas etiquetas que indiquen su uso específico para la elección judicial. Un ejercicio de
economía, sí, pero también de adaptación logística.
La vocal ejecutiva explicó que los materiales que llegaron a Tuxtla Gutiérrez corresponden al lote
“no custodiado”, es decir, aquel que viaja desde la Ciudad de México sin acompañamiento de
seguridad. Las boletas, clasificadas como “custodiadas”, serán entregadas a los distritos de la
entidad más adelante, como es habitual en procesos que requieren mayor protección.
Este nuevo enfoque evidencia cómo el INE busca mantener la operatividad sin comprometer la
legitimidad del proceso. Con elementos como tijeras, bolígrafos, tinta negra, sellos legales y el
clásico “VOTO” para marcar la lista nominal, se intenta garantizar que cada detalle del acto
democrático esté cubierto, incluso bajo restricciones económicas.
Aunque algunos podrían cuestionar el reciclaje de materiales como una señal de precariedad
institucional, para el INE se trata de eficiencia. En un contexto donde el presupuesto limita,
reaprovechar lo ya disponible se convierte en una estrategia de continuidad. Chiapas se prepara
así para una elección judicial con recursos optimizados y con el reto de demostrar que austeridad
no es sinónimo de desorganización.