El Tribunal dictaminó elecciones extraordinarias y pidió medidas urgentes de seguridad y diálogo comunitario
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El reclamo de Pantelhó ha vuelto a tocar las puertas del Poder Judicial. En un municipio marcado por la violencia armada y el abandono institucional, la imposición de un concejo en lugar de una elección democrática terminó por agotar la paciencia de sus habitantes, quienes acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La población no solo denunció una violación a sus derechos políticos, sino también la designación de autoridades vinculadas, según denunciaron, a sus propios agresores.
El fallo del Tribunal planteó un giro, el Congreso de Chiapas deberá convocar a elecciones extraordinarias en 2025. El mensaje es claro, no se puede suspender el voto de manera indefinida bajo el argumento de inseguridad. Aunque el reconocimiento de la violencia estructural es un paso, la sentencia también dejó claro que no se puede imponer gobernabilidad sin participación democrática. En Pantelhó, la representación legítima no puede construirse sobre el miedo.
Pero organizar elecciones no bastará si no se transforma el contexto. Por eso, el Tribunal ordenó crear un Plan Integral de Pacificación y Seguridad, que involucre a las autoridades de seguridad, derechos humanos y procuración de justicia. Es un llamado a ir más allá del proceso electoral, a intervenir sobre las causas de fondo, la pobreza, la marginación y la violencia arraigada. La violencia en Pantelhó no es episódica; es estructural.
La sentencia también exige diálogo. Ordenó la instalación de una Mesa de Construcción de Paz hasta 2027, con presencia de autoridades tradicionales, sociedad civil y Gobierno. El mensaje es doble, el Estado debe garantizar el voto, pero también escuchar. No se trata solo de abrir urnas, sino de reconstruir confianza en una población que ha vivido bajo el fuego cruzado de grupos armados y la indiferencia estatal.
Este mandato judicial no solo responde al caso Pantelhó, sino que lanza un precedente nacional. Plantea que, en territorios indígenas golpeados por la violencia, los derechos electorales no deben supeditarse a la seguridad pública, sino complementarse con ella. Pantelhó tendrá otra oportunidad de elegir, pero el Estado está obligado a garantizar que lo haga en paz, con dignidad y bajo sus propios términos.
