Con más de 40 centros madereros ilegales, se realizaron patrullajes terrestres y sobrevuelos para detectar amenazas a recursos naturales
TAMARA FIERRO/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En una intervención conjunta sin precedentes, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un amplio operativo en la cabecera municipal de Altamirano, logrando clausurar 13 aserraderos que funcionaban fuera de la legalidad.
Esta acción coordinada representa el mayor decomiso de este tipo en la entidad, y refleja un esfuerzo contundente por parte del Gobierno para frenar los delitos ambientales que afectan gravemente a los ecosistemas locales y al bienestar de las comunidades.
Altamirano ha sido, desde principios de los años 90, una zona afectada por la tala masiva. Con el paso del tiempo, dicha explotación forestal ha crecido sin control, especialmente a partir de 2005, cuando administraciones pasadas comenzaron a emitir permisos para operar sin cumplir con la normativa ambiental vigente; situación que provocó la proliferación de aserraderos irregulares en la región, casi todos sin regulación ni supervisión.
La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, conjunto con Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. En este sentido, el secretario en Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, explicó que todos los aserraderos intervenidos operaban sin permisos oficiales y han causado un daño considerable al medio ambiente.
Asimismo, Avendaño advirtió que se estima la existencia por más de 40 centros madereros ilegales en el municipio.También, como parte del operativo, se realizaron patrullajes en tierra y sobrevuelos de vigilancia para detectar actividades que representen una amenaza a los recursos naturales.
Estas acciones no solo buscan frenar la tala clandestina, sino también fortalecer una presencia institucional en zonas de riesgo, fomentar la participación ciudadana y promover una cultura de denuncia ecológica.
Las autoridades han reafirmado su compromiso con la restauración ambiental del municipio. Se pretende iniciar una nueva etapa enfocada a reforestar, recuperar los ecosistemas dañados y crear políticas públicas para hacer justicia ambiental que responda al daño causado por años de omisión e ilegalidad.
Avendaño llamó a la población para colaborar reportando cualquier actividad que represente una amenaza ecológica o de seguridad, y aseguró que se mantendrá la coordinación entre los tres órdenes gubernamentales para garantizar la protección del medio ambiente.
“No vamos a permitir ningún tipo de delito ambiental”, finalizó.
