Asociaciones alertan sobre retrasos en proyectos clave y solicitan claridad para garantizar educación y salud a la comunidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La Asociación TEA Chiapas ha solicitado mayor transparencia en las sesiones del Comité para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, con el fin de que los acuerdos y avances sean públicos y verificables. La organización destacó la importancia de que esta legislación se traduzca en acciones concretas que beneficien a niños y adultos diagnosticados con autismo en Chiapas, donde el acceso a servicios especializados es limitado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que uno de cada 100 personas en México se encuentra dentro del espectro autista, proporción que se mantiene en Chiapas. Sin embargo, el estado enfrenta retos significativos para garantizar atención adecuada, educación especializada y oportunidades laborales para esta población. La Ley Estatal de Autismo busca atender estas necesidades con la creación de programas específicos, como la Casa de Día y Noche, que brindaría apoyo integral a adultos con autismo.
El respaldo a esta reforma también se fundamenta en recomendaciones internacionales, como las emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que subrayaron la importancia de políticas públicas que garanticen inclusión, salud y desarrollo social para personas con trastornos del espectro autista. Implementar esta ley en Chiapas podría ser un paso crucial para reducir brechas en servicios y mejorar la calidad de vida de miles de familias afectadas.
Aunque la Asociación TEA Chiapas mencionó que algunos proyectos fueron pospuestos tras la reciente incorporación de una terapeuta que se opuso a la reforma, la atención principal está en garantizar que el Comité trabaje con transparencia y compromiso real hacia los objetivos de la ley. La organización advirtió que, si es necesario, recurrirá a mecanismos legales para asegurar el cumplimiento.
La exigencia de transparencia y la difusión pública de las actas permitirían a la sociedad civil vigilar que las promesas legislativas se conviertan en políticas efectivas, fundamentales para un estado, donde la inclusión y el apoyo a personas con autismo aún enfrentan importantes barreras.