La campaña busca denunciar casos de tortura, montajes judiciales y fabricación de culpables, sobre todo contra personas indígenas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un contexto marcado por la creciente criminalización de luchadores sociales y comunidades indígenas, colectivos del Valle de Jovel convocaron para este 31 de mayo a una jornada anticarcelaria centrada en la exigencia de libertad para personas encarceladas de manera injusta. La movilización, impulsada por el Grupo de trabajo “No estamos todos”, buscará visibilizar las estrategias de persecución estatal que, aseguraron, persisten bajo formas judiciales, policiales y militares en Chiapas.
La convocatoria surge tras la reciente detención de integrantes zapatistas, lo que reavivó las denuncias sobre la fabricación de delitos y el uso del sistema penal como herramienta de control político. Según datos de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Chiapas figura entre las entidades con mayor número de personas indígenas privadas de la libertad sin sentencia firme. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2023, el 42 por ciento de la población penitenciaria en el estado aún no recibía condena, situación que perpetúa la indefensión y el abuso de poder.
Uno de los ejes de la jornada será un taller sobre cuidados digitales, ante el reconocimiento de que la vigilancia estatal se extiende a los dispositivos móviles de defensores y familiares. La iniciativa responde a denuncias previas sobre espionaje y uso de tecnologías para la criminalización, una práctica ya documentada por organizaciones como Artículo 19 y R3D. Este tipo de persecución digital no solo busca intimidar, sino aislar a quienes acompañan procesos de resistencia o exigen justicia.
El encuentro contempla intercambios entre familias de presos políticos, organizaciones de derechos humanos y colectivos que han documentado patrones de tortura, fabricación de pruebas y detenciones arbitrarias.
El panorama en Chiapas es alarmante. De acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), más de 100 personas indígenas han denunciado haber sido detenidas de forma ilegal y obligadas a firmar confesiones bajo tortura en los últimos cinco años. Las jornadas anticarcelarias del 31 de mayo no solo buscan visibilizar estos abusos, sino articular una respuesta colectiva frente a un sistema que, denuncian, “se alimenta del racismo estructural, la impunidad y el silenciamiento sistemático”.
