Autoridades estatales enfrentan obstáculos para regular el transporte, donde se reportan amenazas contra permisionarios
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Huehuetán, el sector formal de mototaxistas denunció un clima de impunidad alentado desde la alcaldía, que habría facilitado la proliferación de servicios irregulares. Los permisionarios acusaron al alcalde Sixto López Pérez de no solo tolerar, sino promover un sistema paralelo que desvirtúa la regulación oficial y amenaza la estabilidad del transporte local.
El conflicto se intensificó porque, aseguraron, el alcalde incumplió una promesa de gestionar permisos oficiales para todos los involucrados en el gremio. En su lugar, habría permitido que un grupo liderado por Ernesto Victorio Moreno opere sin regulación ni documentación, lo que generó competencia desleal y afectó a 123 conductores autorizados por la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado.
Los obstáculos para combatir esta situación van más allá de la falta de permisos, personal municipal y policías alertaron a los mototaxistas informales sobre operativos, lo que frena la acción estatal. A esto se suma un clima de amenazas contra los permisionarios y funcionarios, que pone en riesgo la integridad de quienes exigen respeto a la legalidad y la seguridad en el transporte público.
Según datos oficiales de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas, la irregularidad en el transporte representa un reto creciente, en 2024, el 32 por ciento de los mototaxistas en la región operaban sin permisos vigentes, esto afectaba la economía y seguridad vial. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la informalidad en el sector transporte genera pérdidas anuales de hasta 15 por ciento en ingresos para conductores autorizados.
El reclamo de los permisionarios de Huehuetán es claro, exigen que Gobierno estatal intervenga para frenar la protección y promoción de la ilegalidad desde la alcaldía. Su manifestación ante la delegación de Movilidad y Transportes buscó visibilizar una problemática que no solo afecta la economía local, sino también la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de regular y garantizar un transporte seguro y justo.
