Operativos buscan frenar tráfico de personas, armas y mercancías. Guardia Nacional y Ejército encabezan las acciones
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El paisaje cotidiano de la frontera sur ha comenzado a transformarse. En apenas 37 kilómetros de carretera entre Suchiate y Tapachula, los retenes de seguridad se multiplicaron. En un trayecto que antes se recorría con fluidez, ahora predominan los puntos de revisión donde fuerzas federales y estatales actúan con un enfoque disuasivo. La militarización del paso fronterizo se intensificó, en un intento por frenar la complejidad de delitos que conviven en esta región.
A diferencia de operativos anteriores, estos nuevos retenes no solo se enfocan en la migración. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal Preventiva y hasta las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) formaron parte de un cerco de vigilancia que apunta también al tráfico de armas, mercancías y combustible. En 2023, más del 32 por ciento de las armas ilegales aseguradas en la frontera sur fueron decomisadas en la zona de Tapachula, un dato otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional en suInforme Anual 2023.
La región ya no es un corredor migrante, se ha convertido en un punto estratégico para grupos criminales. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre 2022 y 2024, el tráfico de hidrocarburos ilegales aumentó un 45 por ciento en Chiapas, donde el río Suchiate opera como ruta informal. No es casual que los retenes se instalen en cruceros clave, como el de Talismán, para contener un flujo de contrabando cada vez más visible.
Sin embargo, la intensificación del control no es garantía de solución. En 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó más de 280 mil aseguramientos de personas migrantes, la mayoría en la entidad. Esto sugiere que, aunque los retenes se han convertido en muros móviles, la migración no se detiene, solo se redistribuye o encarece. Además, el 78.8 por ciento de las personas migrantes reportaron haber sido interceptadas en retenes, lo que plantea preguntas sobre el respeto a los derechos humanos en estos puntos de control.
Con el argumento de la seguridad y el combate al crimen, la frontera sur se redefine bajo una lógica de contención. Pero en ese rediseño, es necesario evaluar cuánto se avanza y cuánto se pierde. La expansión de retenes podría tener efectos colaterales, desde la criminalización del tránsito humano hasta la normalización de la presencia militar en zonas donde la inseguridad sigue creciendo sin una estrategia integral visible.