Por un ataque armado, la comunidad reclama justicia, límites claros y un alto a la intromisión externa
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Cuatro años después de un ataque armado que dejó a un comunero muerto, la Alianza de Comuneros Indígenas Tsotsil-Totik (Asball) volvió a alzar la voz. El reclamo, esta vez, no solo busca justicia por aquel crimen impune, sino garantías firmes sobre un derecho agrario que ha sido ignorado. El corazón de su exigencia: el respeto a las 18 mil 290 hectáreas que les pertenecen, según una Resolución Presidencial de 1965.
La Asball argumentó que sus tierras están delimitadas por una brecha cuya inviolabilidad debe ser garantizada. Sin embargo, denunciaron que grupos campesinos rivales como la Organización Campesina Emiliano Zapata -Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) han cruzado estos límites, al incentivar conflictos y reclutar forasteros con falsas promesas. No solo los acusan de ser los autores materiales e intelectuales del ataque ocurrido en el predio Tierra Blanca, también los vinculan con la delincuencia organizada.
El conflicto agrario en el estado no es nuevo, pero sí cada vez más tenso. El 70.5 por ciento de los conflictos por tierra en la región se relacionaron con disputas por la posesión y uso comunal, según datos del Registro Agrario Nacional. En paralelo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) ha reportado un aumento del 28 por ciento en quejas por violaciones agrarias en el estado tan solo en el último año. La falta de intervención oportuna también agrava el problema: la mesa de diálogo que debía atender el caso Asball lleva paralizada desde agosto de 2023.
El comunicado no solo interpeló a los grupos que acusan de invasores, sino que exige al Gobierno actual asumir la deuda histórica dejada por la omisión de administraciones anteriores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 61.3 por ciento del territorio chiapaneco tiene algún tipo de régimen ejidal o comunal, pero el 32 por ciento de estos presenta conflictos activos. La Asball exige que se cumpla la ley y se reconozca su derecho como descendientes de los 746 comuneros originales que figuran en el decreto de 1965.
El llamado de Asball se sostiene sobre décadas de historia, agravios y documentos oficiales. Su advertencia fue clara: sin respeto a los límites comunales y sin freno a la intromisión, no habrá paz posible en el corazón agrario de en la región.
