Las protestas reflejaron una crisis de derechos humanos, donde la marginación rural e impunidad siguen sin resolverse
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) tomó este lunes las calles de Tuxtla Gutiérrez para visibilizar lo que consideran una cadena de omisiones estructurales del Estado. Con un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno, protestas simultáneas y bloqueos parciales, la organización exige avances en casos de desaparición forzada, el pago de tierras expropiadas y atención a comunidades que llevan décadas en espera de servicios básicos.
El abandono institucional en la entidad no es un reclamo aislado. De los 125 municipios del estado, 62 no cuentan con cobertura hospitalaria básica, según datos de la Secretaría de Salud estatal (2024). Esta carencia se agrava en zonas rurales como Venustiano Carranza, donde incluso clínicas comunitarias operan sin insumos médicos. La OCEZ-RC denunció que sus comunidades deben trasladarse hasta 100 kilómetros para conseguir atención, lo que no solo compromete vidas, sino que vulnera derechos fundamentales.
El dolor también se mide por ausencias. Uberlain Aguilar y Marco Antonio Díaz, desaparecidos desde junio de 2023, siguen sin rastro ni justicia. A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición obliga al Estado mexicano a garantizar búsquedas inmediatas, el 74 por ciento de las carpetas en la comarca presentan rezagos procesales, según la Comisión Nacional de Búsqueda (2023). La protesta también exigió justicia por Juan Díaz Montejo, preso desde diciembre de 2024 bajo cargos que la organización califica de fabricados.
Luis Abarca, del Comité “Digna Ochoa”, recordó que solo con presión pública han logrado ser atendidos. Y esa es una constante en la historia campesina del territorio, el 42 por ciento de los conflictos agrarios del país se concentran en la entidad, según la Secretaría de Desarrollo Agrario (2023). La deuda agraria, que en este caso asciende a varios millones de pesos, sigue sin saldarse, mientras las tierras permanecen improductivas y sus dueños en protesta.
Con más del 76 por ciento de la población estatal en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2022), la exigencia no es nueva, pero sí urgente. La OCEZ-RC permanecerá en las calles hasta ser escuchada. Porque para ellos, la dignidad no es negociable, se planta, se defiende y se exige.
