Acusó a exfuncionarios por orquestar su aprehensión
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El activista, Luis García Villagrán denunció que su detención reciente fue una represalia por sus constantes denuncias contra el Instituto Nacional de Migración (INM). Según su versión, exfuncionarios clave del organismo, como Héctor Martínez Castuera y Francisco Garduño Yáñez, habrían orquestado la acusación en su contra por asociación delictuosa y trata de personas, motivados por intereses relacionados con la gestión de migrantes en Chiapas.
El activista recordó que en 2024 se registraron más de 350 mil ingresos de migrantes por la frontera sur supervisados por el INM, cifra oficial del propio instituto, de los cuales aproximadamente un 60 por ciento eran solicitantes de regularización o refugio. García Villagrán aseguró que muchos de estos trámites fueron comercializados, lo que afectó de manera directa a las personas vulnerables que buscan protección legal.
Durante seis días, García Villagrán permaneció privado de su libertad en Tapachula, mientras que las autoridades judiciales confirmaron que el 85 por ciento de las denuncias por trata de personas en Chiapas no concluyen en sentencia según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un reflejo de las deficiencias institucionales que denuncian los activistas.
El activista también destacó que, de acuerdo con datos del INM, solo el 25 por ciento de los trámites de visas humanitarias en 2024 fueron revisados con seguimiento adecuado, esto dejó un margen importante para irregularidades. Por ello, solicitó que las investigaciones se concentren en los exfuncionarios implicados y se garantice transparencia en los procesos migratorios.
Este caso puso en evidencia las tensiones en torno a la migración en México y la corrupción dentro de instituciones clave. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la comarca mantiene casi 60 mil migrantes en condición irregular, según datos del INM, lo que subrayó la urgencia de fortalecer la supervisión y proteger tanto a los migrantes como a quienes defienden sus derechos.
