A pesar de múltiples denuncias y evidencias, la violencia en Altamirano continúa mientras autoridades se muestran omisas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia en Altamirano sigue siendo un problema sin freno. A pesar de las múltiples denuncias y la documentación de crímenes atroces, el grupo armado “14 de agosto” continúa en operación con total impunidad. Su líder, Gabriel Montolla Oceguera, exsíndico concejal del municipio es señalado como el autor intelectual de asesinatos, secuestros y desapariciones. Su influencia se ha mantenido intacta gracias a una red de complicidad política y la aparente indiferencia de las autoridades estatales.
Durante el sexenio pasado, Montolla Oceguera gozó de protección oficial, permitiéndole consolidar su control sobre la región. Su grupo armado, disfrazado de autodefensa, ha sido la herramienta principal para imponer el terror en las comunidades. Ataques armados, extorsiones y secuestros masivos han sido su método para mantener el dominio, al desviar recursos municipales a su beneficio mientras silenciaba cualquier intento de oposición.
Uno de los episodios más violentos ocurrió en agosto de 2023, cuando el “14 de agosto” atacó una manifestación ciudadana exigiendo obras públicas. La orden de Montolla Oceguera fue clara: dispersar a la multitud a balazos. Días después, 67 ejidatarios fueron secuestrados tras denunciarlo en el Congreso estatal. La respuesta de las autoridades fue negociar su liberación en lugar de capturar a los responsables, esto envió un mensaje de impunidad que hoy sigue vigente.
El terror recrudeció tras las elecciones de 2024, cuando Montolla Oceguera, frustrado por no lograr una candidatura, intensificó los ataques. Policías municipales cómplices facilitaron armas y municiones para ejecutar a opositores, entre ellos Jorge Luis Jiménez y Carmelo Vázquez Pérez. Las pruebas de estos crímenes existen, sin embargo, poco han servido para frenar la operatividad del grupo armado.
El actual Gobierno de Altamirano, encabezado por Gaspar Sántiz Gómez, ha pedido la intervención urgente del nuevo Gobierno y de las fuerzas de seguridad estatales. La comunidad clama justicia ante un escenario donde el crimen ha tomado el control del municipio.
