Autoridades convocan a docentes y voluntarios interesados en sumarse al proyecto
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación de la niñez migrante, el Gobierno de Chiapas anunció la puesta en marcha de un programa educativo que ofrecerá clases de nivel básico a niños y niñas que se encuentran en tránsito por la entidad. Las clases se impartirán directamente en los albergues donde estos menores permanecen temporalmente, asegurando así su acceso a la educación pese a las dificultades de su situación migratoria.
El secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, dio a conocer la iniciativa en un encuentro con medios de comunicación, destacando que la decisión responde a una instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
“El gobernador acaba de visitar un refugio para migrantes y su instrucción fue clara: debe haber educación en los albergues migrantes. Ese es el humanismo transformador”, señaló Mandujano Ayala.
Esta estrategia busca integrar a los menores migrantes en el sistema educativo de manera temporal mientras permanecen en el estado, evitando el rezago escolar y contribuyendo a su bienestar.
En México, la educación es un derecho universal e inalienable para todos los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Sin embargo, en la práctica, el acceso a este derecho se ve obstaculizado por diversos factores, entre ellos la falta de información, los tiempos inciertos de permanencia en el país y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias migrantes.
De acuerdo con cifras de UNICEF, en 2020 se registraron 11mil 514 menores migrantes en México, de los cuales el 93por ciento provenía de países centroamericanos. Con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, particularmente bajo la administración de Donald Trump, estos números podrían haber aumentado de manera significativa en los últimos años.
Chiapas, al ser una de las principales puertas de entrada a México para las personas en tránsito desde Centroamérica, ha sido testigo de un flujo creciente de migrantes, muchos de ellos niños que viajan con sus familias o incluso solos, expuestos a múltiples riesgos.
El programa de educación en albergues busca no solo proporcionar conocimientos básicos, sino también generar espacios de estabilidad y contención emocional para los menores. Las clases estarán a cargo de docentes capacitados, quienes impartirán materias esenciales como español, matemáticas y ciencias, además de promover actividades lúdicas y recreativas para el desarrollo integral de los niños.
La Secretaría de Educación del estado trabajará en coordinación con organizaciones civiles y organismos internacionales que operan en la entidad, con el objetivo de fortalecer la implementación del programa y garantizar que los menores reciban una educación de calidad.
“Es fundamental que estos niños, que han atravesado tantas dificultades en su camino, tengan acceso a la educación. Es una herramienta clave para su desarrollo y para construir un futuro mejor, sin importar el país donde finalmente se establezcan”, puntualizó Mandujano Ayala.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Chiapas está convocando a docentes y voluntarios interesados en sumarse al proyecto. Se busca personal con experiencia en educación infantil y con sensibilidad para trabajar con poblaciones en contextos de vulnerabilidad.
Las personas interesadas en participar pueden registrarse en la Secretaría de Educación del estado o a través de sus plataformas digitales. Asimismo, se invita a la sociedad civil y a las comunidades locales a colaborar con donaciones de material didáctico, libros y útiles escolares.
Esta iniciativa representa un avance en la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes, quienes a menudo enfrentan condiciones de precariedad durante su paso por México. Garantizar su acceso a la educación, aunque sea de manera temporal, contribuye no solo a su desarrollo académico, sino también a su bienestar emocional y social.
El Gobierno de Chiapas ha enfatizado que este programa es parte de una visión de “humanismo transformador”, en la que se prioriza el bienestar de los sectores más vulnerables. A medida que el flujo migratorio continúe, se espera que iniciativas como esta se fortalezcan y expandan, promoviendo una sociedad más inclusiva y solidaria.
La implementación de este programa es un recordatorio de que, sin importar las fronteras, la educación es un derecho que debe protegerse en todo momento y en cualquier circunstancia.
NIÑOS MIGRANTES EN SUCHIATE RECIBEN BECA BENITO JUÁREZ PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS
Un grupo significativo de niños migrantes y refugiados que cursan su educación primaria en la escuela Ignacio José Allende Allende, ubicada en el municipio fronterizo de Suchiate, han sido beneficiados con la beca Benito Juárez, un programa del Gobierno federal que busca garantizar la continuidad de sus estudios.
El director de la institución educativa, Juan José González Pérez, informó que la matrícula estudiantil es de 485 alumnos, de los cuales 235 son niños migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Durante más de 16 años, la escuela ha luchado para que estos estudiantes, quienes llegan a la frontera sur en busca de una mejor calidad de vida, puedan acceder a apoyos económicos que les permitan continuar con su formación académica.
La falta de documentación ha sido uno de los principales obstáculos para que los niños migrantes puedan acceder a programas de apoyo, pues sus padres enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria en México. En muchos casos, esto provoca que los menores interrumpan sus estudios debido a la falta de recursos para materiales escolares, transporte o alimentación.
Para recibir el apoyo económico, los padres de los niños migrantes pueden hacer el cobro de la beca Benito Juárez mediante distintos documentos oficiales. Entre estos se encuentran la tarjeta de residencia permanente, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el acta de nacimiento del menor o una constancia otorgada por el ayuntamiento.
González Pérez señaló que, aunque la entrega de becas es un avance importante en la inclusión educativa de niños migrantes, las dificultades persisten, especialmente en el proceso de regularización migratoria. “En las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) les ponen muchas trabas a los padres para obtener documentos oficiales que les permitan acceder a más derechos y servicios”, explicó.
El acceso a la educación para niños migrantes en la frontera sur de México ha sido un desafío constante. La falta de documentación, el desplazamiento continuo de las familias y las dificultades económicas son solo algunos de los obstáculos que han enfrentado por años. Sin embargo, la asignación de la beca Benito Juárez representa un paso hacia la integración de estos menores en el sistema educativo nacional.
El director de la escuela Ignacio José Allende Allende,destacó que este tipo de apoyos pueden marcar la diferencia en la vida de los niños migrantes, brindándoles estabilidad y la oportunidad de un mejor futuro. No obstante, también enfatizó la necesidad de agilizar los procesos de regularización migratoria para garantizar que más familias puedan acceder a derechos fundamentales, como la educación y la salud.
Con la entrega de estas becas, se espera que los niños migrantes puedan continuar sus estudios sin verse obligados a abandonarlos debido a la falta de recursos. Asimismo, se busca que este tipo de iniciativas sean replicadas en otras instituciones educativas de la región para garantizar el acceso a la educación de todos los menores en situación de movilidad.
La crisis migratoria en Tapachula sigue desbordando las capacidades de las autoridades mexicanas. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) continúan rebasadas, no solo por la gran cantidad de migrantes que buscan regularizar su estancia en México ante la imposibilidad de llegar a la frontera norte, sino también por la falta de respuesta eficiente a sus solicitudes.
Cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, han esperado durante meses para obtener una tarjeta de residencia temporal que les permita permanecer legalmente en el país. Sin embargo, la desesperación crece entre ellos, puesto que los procedimientos avanzan con lentitud y las autoridades han comenzado a rechazar nuevos trámites.
Este martes, la frustración estalló en las oficinas de la Comaren el centro de Tapachula, cuando un grupo de migrantes haitianos protestó tras ser informados de que ya no serían recibidos para completar sus trámites de refugio. Muchos de ellos habían pasado horas formados bajo el sol, esperando ser atendidos.
“Nos piden que vengamos a firmar todos los días y cuando llegamos, nos dicen que ya no hay atención”, reclamó uno de los migrantes, quien, al igual que sus compatriotas, teme quedar en un limbo legal sin poder avanzar en su proceso migratorio.
La fila de haitianos que se quedaron sin atención se extendía por varias cuadras, mientras que en otra esquina de la ciudad esperaban su turno decenas de migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y Venezuela, quienes también buscan alternativas para su regularización en México.
Mientras los migrantes en la Comar luchan por permanecer en México de manera legal, en otro extremo de Tapachula, frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, decenas de venezolanos y hondureños buscan lo contrario: salir del país y regresar voluntariamente a sus lugares de origen.
Estos migrantes han solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) un pase de salida que les permita abandonar el territorio mexicano. No obstante, denuncian que la institución se niega a expedir estos documentos a quienes no cuentan con pasaporte vigente.
Emily Ruiz, migrante venezolana, expresó su frustración ante la negativa del INM:
“Aquí me dicen que no me pueden dar la autorización”, lamentó.
Por su parte, Yalitza Vilchis, también de Venezuela, asegura que lleva más de una semana intentando obtener una respuesta, pero sigue sin éxito.
“Tenemos ocho días viniendo todos los días acá, pero todavía no nos dan una respuesta”, afirmó.
Muchos de los migrantes que han optado por regresar lo hacen debido a las condiciones precarias en las que han vivido en México y la falta de oportunidades para establecerse. Alejandra Camacho, otra migrante venezolana, explicó que para ella y su familia quedarse en México no es una opción viable.
“Yo ando con los dos niños, no, no sería una opción para nosotros”, aseguró.
Para aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para costear su regreso, la única esperanza es obtener un lugar en un vuelo humanitario que los repatríe sin costo. Sin embargo, estas promesas se han diluido, dejando a muchos en una situación aún más complicada.
Yaderin Carolina, migrante venezolana, relató su experiencia intentando acceder a este beneficio.
“Venimos a ver lo del vuelo humanitario porque en realidad algunos no tenemos el pasaje completo, que sale demasiado caro. Y la respuesta que nos dieron es que nos llamaban. Nos dijeron que compráramos nuestros boletos normales, en las aerolíneas, porque vuelos humanitarios no hay”, explicó.
Ante este panorama, los migrantes en Tapachula enfrentan una doble crisis: por un lado, aquellos que buscan establecerse legalmente en México se encuentran con un sistema saturado e incapaz de responder a la demanda; por otro, quienes quieren abandonar el país enfrentan trabas burocráticas y la falta de alternativas reales para regresar a sus países de origen.
Mientras tanto, las filas en las oficinas de Comar y del INM siguen creciendo, al igual que la desesperación de los migrantes, quienes ven cada día más lejana una solución a su situación.
