La propuesta planteó reducir la brecha de conectividad mediante políticas públicas enfocadas en acceso y uso seguro de herramientas en línea
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con la intención de trasladar la agenda indígena al terreno tecnológico, el Congreso de Chiapas abrió la discusión sobre una iniciativa que busca garantizar derechos digitales, en una situación donde la conectividad es un factor que define el acceso a educación, justicia y participación pública en comunidades históricamente marginadas.
Al plantearse una reforma que otorgue nuevas atribuciones a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, la propuesta introdujo una visión más amplia del desarrollo social, donde el acceso a Internet, la capacitación tecnológica y la protección de datos personales forman parte de una política pública integral orientada a reducir desigualdades estructurales.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la comarca apenas el 38.4 por ciento de la población utiliza Internet de manera regular, lo que coloca al estado entre los últimos lugares a nivel nacional, mientras que solo el 44 por ciento de los hogares cuenta con algún tipo de conexión, cifras que evidenciaron una brecha que impactó de forma directa en comunidades indígenas.
A partir del reconocimiento de la vulnerabilidad en entornos digitales, el enfoque de la iniciativa también respondió a un fenómeno creciente, dado que el Módulo sobre Ciberacoso señaló que en la región cerca del 21 por ciento de las personas usuarias de Internet ha experimentado algún tipo de agresión en línea, con una incidencia mayor en mujeres jóvenes y hablantes de lengua indígena.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que más del 70 por ciento de la población chiapaneca vive en condiciones de pobreza y donde el acceso a tecnologías sigue siendo limitado en zonas rurales, la propuesta legislativa se perfiló como un intento por incorporar la dimensión digital en la política social, no solo como herramienta de inclusión, sino como un mecanismo de protección frente a nuevas formas de exclusión.
