Denunciaron que las modificaciones constitucionales vulneran derechos adquiridos y ponen en riesgo la propiedad
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Lo que comenzó como una guardia silenciosa a las puertas del recinto legislativo se transformó este mediodía en un enérgico reclamo social. Integrantes del Movimiento de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se congregaron frente a las instalaciones del Congreso para manifestar su absoluto rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional, una medida que califican como un “atentado directo” contra la estabilidad económica y jurídica de quienes dedicaron décadas de su vida al servicio del sistema eléctrico nacional.
El ambiente, cargado de indignación, pero mantenido bajo un orden civil estricto, se vio inundado por cientos de volantes donde se lee una advertencia clara: la aprobación de esta reforma pone en duda al Estado Mexicano y quebranta el Estado de derecho. La preocupación central de los manifestantes no es solo el presente, sino el pasado que pretenden modificar las nuevas normativas.
El punto neurálgico del conflicto es la retroactividad de la ley. Según el documento distribuido por el movimiento, la reforma pretende aplicar criterios actuales a derechos que ya habían sido consolidados mediante procesos legales previos. Para los jubilados, esto representa una violación flagrante al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece con claridad que “a ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Expertos legales que acompañan al movimiento señalan que permitir que una reforma constitucional actúe de forma retroactiva abre una “caja de Pandora” que podría afectar no solo a los jubilados de la CFE, sino a cualquier ciudadano con propiedades o derechos adquiridos bajo legislaciones anteriores.
A las puertas del Congreso, las historias personales de los manifestantes le dan rostro a la aridez de los textos legales.
Don Ricardo Méndez quien trabajó 35 años en las líneas de alta tensión, sostiene con manos temblorosas, pero firmes el volante informativo:
“No estamos pidiendo limosnas, estamos defendiendo lo que ya es nuestro. Trabajamos bajo un contrato, bajo una ley que nos prometió una vejez digna. Si el Gobierno puede borrar el pasado con una pluma hoy, ¿qué seguridad tiene cualquier joven que está empezando a cotizar? Nos dicen que es por el bien del país, pero no puede haber bien común si se destruye la legalidad”.
Por su parte, la Sra. Elena García, viuda de un trabajador jubilado y beneficiaria de la pensión, expresa su temor ante la incertidumbre económica que genera la reforma.
“Tengo miedo de que de la noche a la mañana me digan que lo que mi esposo ganó con su esfuerzo ya no aplica. El volante dice que nuestra propiedad está en riesgo, y lo creemos porque ya no respetan ni la Constitución. Estamos aquí para decirle a los diputados que ellos están ahí para protegernos, no para despojarnos de nuestra certeza jurídica”.
El Movimiento de Jubilados de la CFE ha sido enfático en que esta lucha trasciende sus propias carteras. En su comunicado, advierten que la vulneración de los derechos adquiridos es una amenaza para “todo el pueblo de México”. Argumentan que, si se permite este precedente, la propiedad privada y los derechos humanos quedarían supeditados al arbitrio político de turno, eliminando la confianza necesaria para la inversión y la convivencia democrática.
“Un estado que se llame democrático no puede violentar su propia Constitución”, sentencia el volante que hoy tapiza las escalinatas del Congreso. El grupo ha solicitado una audiencia formal con la Comisión de Puntos Constitucionales para exponer los riesgos técnicos y sociales de la reforma, advirtiendo que, de no ser escuchados, escalarán sus protestas a nivel nacional.
