No será el fin del tráfico de personas, pero quizás sea el principio del fin de la impunidad para quienes convierten la desesperación en mercancía mortal
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La justicia internacional selló ayer miércoles una herida que por años ha supurado en el mapa migratorio de América Latina. En una sala de una corte federal de Estados Unidos, un nombre hasta ahora difuso en los expedientes policiales cobró rostro, voz y culpa: Daniel Zavala Ramos, alias “Dany ZR”, de origen guatemalteco, admitió su participación directa en la logística criminal que convirtió un viaje hacia el sueño americano en una pesadilla de 56 cuerpos sin vida.
No fue una confesión menor. Fue la rendición de uno de los engranajes más oscuros de una red transnacional que trató a los migrantes como carga. Y su declaración, según fuentes cercanas al caso, abre una grieta en la impunidad que suele envolver a los eslabones intermedios del tráfico de personas. Los fiscales han pedido la pena máxima—cadena perpetua—argumentando que no hubo ni un solo gesto humanitario en su operación.
Para entender el peso de esta declaración hay que volver al 9 de diciembre de 2021. Sobre el asfalto del tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, un tráiler de carga pesada circulaba con las luces apagadas en la noche. Adentro, más de 160 personas hacinadas. Sin ventilación. Sin cinturones. Sin nada.
El conductor perdió el control. El exceso de velocidad y el sobrepeso humano hicieron el resto. El impacto partió el metal y la vida de decenas de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Las autoridades levantaron 56 cadáveres. Muchos murieron por asfixia antes del choque; otros, despedazados en el vuelco.
“Ellos pagaron con sus pulmones y sus huesos la codicia de quienes los metieron ahí”, declaró en su momento un forense que prefirió no ser nombrado.
En la audiencia en Estados Unidos, Zavala Ramos no se limitó a decir “culpable”. Su admisión de cargos, producto de una investigación coordinada entre agencias de inteligencia de México, Guatemala y EE. UU., reveló detalles quirúrgicos de cómo operaba la banda: desde la contratación de los tráileres hasta la coordinación con “guías” en la frontera sur mexicana.
El alias “Dany ZR” aparecía en mensajes cifrados y registros de llamadas como el encargado de “empacar” grupos grandes para maximizar ganancias. Según los fiscales, su rol era esencial para que los migrantes cruzaran territorio mexicano sin ser detectados.
“Este hombre sabía que los metía en una caja de metal sin salida. Y lo hizo una y otra vez”, afirmó la fiscal del distrito durante la comparecencia.
“PERDÍ A MI FAMILIA”: EL TESTIMONIO DESDE EL INFIERNO
El tráiler se partió por la mitad y el chofer huyó del accidente, ocurrido a 200 metros de un retén policial. Sobrevivientes y vecinos relataron escenas dramáticas: sábanas blancas cubriendo decenas de cuerpos alineados sobre el asfalto, paramédicos corriendo entre los escombros, y el llanto de quienes acababan de perderlo todo.
Celso Pacheco, un guatemalteco de 33 años, empeñó la escritura de su casa para pagar los 100 mil quetzales (unos 13 mil dólares) que la mafia le exigió por llevarlo desde Ciudad de Guatemala hasta Houston, Texas. Salió el martes, cruzó a pie por el peligroso punto fronterizo de Gracias a Dios, y para el jueves ya estaba dentro del tráiler. “Íbamos riéndonos, bromeando en el camino”, recordó desde una camilla de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, a donde llegó con vida de milagro. “Lo importante es estar vivo”, repetía, aunque acababa de perderlo todo.
Otro migrante suplicaba a su compañero: “¡No te duermas! ¡No cierres los ojos! ¡Acuérdate de lo que le prometiste a tu mamá! ¡Aguanta!”.
Las víctimas mortales incluían ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y República Dominicana. El Gobierno de El Salvador confirmó la muerte de un adolescente de 16 años que viajaba solo. En los días posteriores, las labores forenses permitieron la repatriación de cuerpos: los primeros cuatro restos guatemaltecos partieron hacia Chimaltenango y San Marcos, mientras que otros fueron enviados a República Dominicana.
LOS HILOS DEL PODER CRIMINAL
Documentos judiciales en Estados Unidos revelaron que Zavala Ramos y sus cómplices no improvisaron. La red criminal operó desde aproximadamente 2021 hasta febrero de 2023, utilizando incluso redes sociales para reclutar clientes. Los entrenaban para saber cómo proceder si eran detenidos por las autoridades migratorias y usaban camiones de ganado y tráileres modificados con respiraderos para cruzar las fronteras.
Entre los acusados se encuentran Tomás Quino Canil, Oswaldo Manuel Zavala Quino, Josefa Quino Canil de Zavala, Alberto Marcario Chitic y Jorge Agapito Ventura—este último arrestado en Texas. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración para introducir migrantes ilegales a Estados Unidos, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y provocando la muerte.
En México, las autoridades federales también actuaron. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa de Figueroa dictó prisión preventiva y vinculación a proceso contra José Luis Cruz Velasco (el conductor del tractocamión), Juan Antonio Ruiz Barrios y Brayan Alexis Hernández Ortega, quienes fueron identificados como parte de la misma estructura criminal. Brayan Alexis Hernández abría paso en su motocicleta mientras las víctimas eran transportadas, y Juan Antonio Ruiz llevaba alimentos a los albergues clandestinos.
La Fiscalía General de la República presentó cargos por homicidio culposo, tráfico de personas agravado, lesiones culposas y asociación delictuosa en perjuicio de 191 víctimas. La indagatoria reveló que el tractocamión viajaba a exceso de velocidad, evadiendo la revisión migratoria cuando perdió el control y volcó.
UNA RED QUE INSTRUÍA A MENORES
Uno de los hallazgos más escalofriantes de la investigación es que la organización de Zavala Ramos transportaba a menores no acompañados y les proporcionaba frases específicas para memorizar y repetir ante las autoridades migratorias en caso de ser detenidos.
El grupo cobraba sumas de dinero por el servicio e instruía a los migrantes, incluidos niños, sobre qué decir si eran interceptados. El viaje se realizaba en condiciones peligrosas: a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres. La ruta partía desde Guatemala, atravesaba México y pretendía llegar hasta Estados Unidos.
EL ACCIDENTE QUE NO DEBIÓ SUCEDER
El tráiler no fue sometido a revisión migratoria. Según lo relatado por los sobrevivientes, habían salido durante la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla Gutiérrez para después tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, y llegar a Puebla. Sin embargo, en una curva a la altura del kilómetro 009+150 del tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, el chofer perdió el control y volcó.
Cámaras de seguridad confirmaron la existencia de tráileres acondicionados para el tráfico de migrantes. En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación señalando la omisión del Instituto Nacional de Migración por no revisar el tráiler en un retén carretero antes del accidente.
JUSTICIA TARDÍA PERO NECESARIA
Para los familiares de las víctimas, la noticia llegó como un bálsamo tardío, pero necesario. En Guatemala, doña Marta López, madre de dos adolescentes fallecidos en aquel tráiler, rompió en llanto al escuchar la noticia por una llamada de la organización Migrantes con Dignidad.
“Que se pudra en la cárcel. Pero que también diga quiénes más mandaron. Porque él no es el único”, dijo a este diario desde San Marcos.
La sentencia se dictará el 7 de julio. Zavala Ramos podría enfrentar cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Los fiscales han pedido la pena máxima, argumentando que no hubo ni un solo gesto humanitario en su operación.
Más allá del caso concreto, este proceso envía una señal contundente al crimen organizado transnacional: las fronteras ya no son un escudo. La extradición del guatemalteco a EE. UU. y su posterior declaración de culpabilidad demuestran que los países pueden—y deben—actuar en conjunto cuando la vida humana es la mercancía.
“La muerte de 56 personas no fue un accidente. Fue el resultado de una decisión criminal. Y hoy, uno de sus autores acepta su responsabilidad”, subrayó un alto funcionario de la cancillería mexicana, en declaraciones a este medio.
La fecha del 08 de abril quedará marcada en el calendario de la justicia migratoria. No será el fin del tráfico de personas, pero quizás sea el principio del fin de la impunidad para quienes convierten la desesperación en mercancía mortal.
