Pobladores denunciaron que los proyectos prometidos nunca se ejecutaron, exigiendo respuestas a la actual administración municipal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Un conflicto local en Huitiupán, escaló el pasado martes, puesto que cerca de 300 personas de cinco comunidades del municipio retuvieron al exalcalde Carlos Montejo Urbina, actual regidor del ayuntamiento, como parte de una protesta por el incumplimiento de obras públicas de su gestión pasada. Los manifestantes, exigían que se cumplieran los compromisos pactados entre el Gobierno anterior y las comunidades, que incluyen la terminación de proyectos esenciales para el bienestar de la población.
Los habitantes de Huitiupán, cansados de la falta de atención y de los proyectos inconclusos, decidieron hacer uso de una medida drástica, reteniendo al exalcalde como responsable de los pendientes. Los residentes de las comunidades afectadas señalaron que, aunque la actual presidenta municipal, Amalia Ochoa, esposa de Montejo Urbina, también fue retenida, al final logró su liberación sin que se resolviera la demanda principal: la terminación de las obras prometidas.
La situación también destapó un malestar más profundo. Según los manifestantes, la actual alcaldesa no es más que una figura decorativa, pues aseguraron que el poder real está en manos de su esposo, el exalcalde. En este sentido, la retención de Montejo Urbina también fue vista como un acto simbólico para hacerle frente a lo que muchos perciben como una política de simulación y abandono por parte de los gobiernos municipales.
Además de la retención, los pobladores hicieron una denuncia directa sobre el trato desigual a las comunidades indígenas. Afirmaron que, pese a que los indígenas fueron fundamentales para que los exalcaldes llegaran al poder, sus demandas fueron desatendidas una vez alcanzada la silla presidencial.
El incidente, que reflejó la tensión entre la administración local y las comunidades indígenas, puso en evidencia la falta de respuesta a las demandas más básicas de la población, como infraestructura y servicios públicos. A medida que la retención continuaba, las autoridades municipales evacuaron a los trabajadores de la Presidencia para evitar mayores altercados, pero el problema sigue latente.