Chiapas se mantiene entre las entidades con mayor fecundidad adolescente, mientras persisten
los obstáculos para hablar sobre la temática en aulas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un país donde el acceso a la educación básica aún es una meta incompleta para miles de
jóvenes, hablar de sexualidad en las aulas sigue siendo, para muchos, una ofensa cultural. Lo
confirmó el más reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), que retrata una realidad alarmante: niñas, niños y adolescentes enfrentan
múltiples obstáculos para acceder a información clara y oportuna sobre su salud sexual y
reproductiva.
El informe identificó un círculo vicioso: baja escolaridad, escasa capacitación docente y rechazo de
madres y padres a los temas de sexualidad, sobre todo en comunidades con fuerte arraigo
religioso o prácticas conservadoras. Esto crea un vacío que deja a menores de edad en completa
indefensión frente a prácticas sexuales riesgosas, embarazos no deseados y violencia sexual.
Chiapas, junto con Guerrero y Oaxaca, aparece de nuevo entre los estados con menor escolaridad
y mayor fecundidad adolescente. Lejos de ser coincidencia, la combinación de pobreza, rezago
educativo y silencio institucional reveló una negligencia estructural. Los datos de la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 lo dicen todo: más de 78 nacimientos por
cada mil adolescentes en Chiapas, una cifra que no se combate con campañas esporádicas, sino
con políticas de fondo.
En muchas aulas del país aún pesa más la moral que el conocimiento. Lo que debería ser una
educación científica y progresiva termina convertida en un campo de batalla ideológico. Así, los
esfuerzos de instituciones públicas por implementar estrategias nacionales se ven frenados por la
falta de voluntad política y la ausencia de acuerdos entre autoridades federales y estatales,
además de la resistencia de sectores sociales que prefieren la omisión al diálogo.
Frente a esta realidad, el llamado del Coneval es claro: urge un acuerdo nacional que no se quede
en el papel. La educación sexual no debe depender del contexto geográfico o del consentimiento
de los padres, sino del derecho de toda persona menor de edad a conocer su cuerpo, su salud y su
autonomía.
