Denuncian actividades delictivas efectuadas por Esquivel Cruz González, presunto líder
de grupo armado
Por Argenis Esquipulas
En un ambiente de temor y zozobra, la población de Frontera Corozal municipio de
Ocosingo, Chiapas en la Selva Lacandona, se ve afectada por las presuntas actividades
delictivas de Esquivel Cruz González, quien es señalado como responsable y estar detrás
de las atrocidades de un grupo armado disfrazado de vigilar por la seguridad de esa
región.
A lo largo de más de dos años, diversos testimonios a través de plataformas en redes
sociales y el grupo de Facebook “Frontera Corozal Echeverría” han denunciado a Esquivel
Cruz González por llevar a cabo acciones que van desde cobros de derecho de piso hasta
detenciones arbitrarias, despojo de viviendas y pertenencias a personas humildes de
origen Ch’ol.
De acuerdo a las denuncias, el objetivo de Cruz González es enriquecerse y financiar la
adquisición de armamento de alto calibre para el grupo de hombres armados,
presuntamente bajo su liderazgo.
Los habitantes de Frontera Corozal han manifestado su preocupación al acusar a Esquivel
Cruz González de tener vínculos con grupos delictivos mexicanos. Además, sostienen que
agrupaciones de hombres armados, conocido como “Los Álvaros”, realiza patrullajes en la
comunidad portando machetes y pasamontañas, destacando su presencia con armas de
alto calibre.
“Los Álvaros” están integrados por más de 40 hombres fuertemente armados, siendo “El
Pili” (Isaías Díaz Zenteno) uno de sus principales operadores. Algunos habitantes han
denunciado que este grupo cuenta con la protección de las autoridades ejidales
representadas por Enrique Andrade Vásquez y Pascual Méndez, señalados de brindar
protección y generando un entorno de impunidad que alimenta la inseguridad en la
región.
¿Pero quién es Esquivel Cruz González?
Esquivel Cruz González, es un exdiputado plurinominal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Quintana Roo, quien desempeñó su cargo entre los años 2016 y 2019.
Las alarmas se encendieron en octubre de 2023, cuando los habitantes de esta localidad
comenzaron a denunciar abusos de autoridad por parte de Esquivel Cruz González, quien
ostentaba el cargo de comisionado para la paz en esa localidad, ubicada en Ocosingo, el
municipio más grande de Chiapas. Las acusaciones incluyen incursiones a domicilios
particulares sin órdenes de aprehensión, ocasionando daños en propiedades, fabricación
de delitos y desplazamiento forzado.
Uno de los casos más destacados involucra a un lacandón que había construido una casa
en la zona. Según los habitantes, Esquivel Cruz González y su equipo, al ingresar al
domicilio sin autorización, no solo causaron daños a la propiedad, sino que también se
apropiaron de diversos bienes y dinero en efectivo. Ese dinero provenía de la venta de
ganado, la principal actividad económica del afectado.
Las denuncias han generado un fuerte repudio por parte de la comunidad, exigiendo una
investigación exhaustiva sobre las acciones de Esquivel Cruz González. Organizaciones de
derechos humanos también han expresado su preocupación ante posibles violaciones a
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hasta el momento, Esquivel Cruz González no ha emitido comentarios sobre las
acusaciones en su contra.
Los habitantes han alzado sus voces a través de la página de Facebook “Frontera Corozal
Echeverría”. Denuncian que más de 40 personas han sido detenidas, arrestadas y
golpeadas de manera injusta por el grupo “Los Alvaros”, presumiblemente en complicidad
con Esquivel Cruz González.
Estos más de 40 detenidos han experimentado más de 70 días de encierro en condiciones
alarmantes en la cárcel ejidal conocida como “El Chicle”. Durante este tiempo, han sufrido
daños psicológicos significativos, maltratos físicos, y se ven obligados a dormir en el suelo.
Se informa que son víctimas de tortura y que les niegan la posibilidad de satisfacer sus
necesidades fisiológicas hasta que los responsables lo decidan.
Al momento, los encarcelados en “El Chicle”, presentan problemas de salud como
delgadez y edema, mismos síntomas que registraba un hombre que huyó de ese lugar,
tras ser liberado y que actualmente padece de incontinencia urinaria y problemas de
próstata, que le ha provocado cuantiosos gastos para tratamientos médicos, además de
cargar de manera permanente una sonda.
La situación se agrava, ya que hasta el momento, los detenidos muestran signos de
enfermedades, segun las publicaciones, a través de las redes sociales. La comunidad
expresa su profunda preocupación por la injusticia y la violación de los derechos humanos
que están sufriendo sus conciudadanos.
Estas diversas personas que han sido detenidas, les han impuesto un cobro pecuniario que
varía entre los 20 mil pesos, 50 mil ,150 mil pesos y 700 mil pesos. El pago de dicha multa
ante las autoridades ejidales de Frontera Corozal, según están relacionados con el
financiamiento y la compra de armas, las cuales poseen un alto calibre.
Esa situación ha generado preocupación y debate en la comunidad, debido a que implica
posibles vínculos entre los detenidos y actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de
armas de gran calibre.
Es necesario destacar que la información encontrada fue desde el anonimato y a través
de redes sociales
Asimismo, existen diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y
otras instancias estatales y federales, entre ellas, la Secretaria de Gobernación, sin que al
momento estas den solución al conflicto que pone en peligro la vida de los hombres
privados de libertad.
¿Quiénes son las autoridades involucradas?
Las autoridades encargadas de realizar detenciones arbitrarias y cobrar multas, generando
temor entre los habitantes, son lideradas por Miguel Alvaro Méndez, quien ocupa el cargo
de Agente Auxiliar Municipal. Francisco Méndez López desempeña el papel de subagente
auxiliar municipal, colaborando estrechamente en estas acciones.
José Méndez Arcos asume el rol de comandante de la Policía Municipal de Frontera
Corozal, Chiapas, siendo una figura clave en las operaciones que causan inquietud en la
población. Otros actores involucrados en estas prácticas son Isaías Díaz Zenteno, Esquivel
Cruz González, Paulino Ramírez Torres, Samuel Pérez Cruz, Juan Carlos del Ángel Torres,
Jorge Alan López Sánchez, Aradai Arcos Méndez, Azael Díaz López, Jonás Ramón López,
Filiberto Vázquez López y Eddy López Díaz.
Estas autoridades, al llevar a cabo detenciones y cobros de multas de manera arbitraria,
generan un ambiente de intimidación en Frontera Corozal, lo que plantea preocupaciones
sobre la seguridad y la justicia en la comunidad.
Desmentida a la guardia comunitaria de Frontera Corozal
En medio de múltiples publicaciones, los residentes de la región han desmentido la
existencia de la guardia comunitaria que supuestamente impide el ingreso del crimen
organizado.
Según los habitantes, esta presunta guardia comunitaria, que se presenta como
protectora de la seguridad local, es completamente ficticia. Alegan que entre sus
supuestos miembros, se encuentran menores de edad ubicados estratégicamente en
puntos de entrada y salida, supervisando a las personas para evitar denuncias o
controlando sus actividades laborales con el fin de cobrar “derechos de piso”. Además, se
reporta que estos menores portan armas de alto calibre, generando preocupación en la
comunidad.