Las bandas del crimen organizado han mantenido enfrentamientos en al menos 14 municipios de Chiapas
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La situación de violencia en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de la población civil en varios municipios del estado. Las organizaciones no gubernamentales han emitido una acción urgente para alertar sobre el recrudecimiento de la violencia que está afectando a las comunidades de la región fronteriza con Guatemala. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo están viviendo momentos de extrema inseguridad y temor.
Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a ulteriores riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso.
Desde el domingo 14 de julio, las regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas han experimentado un incremento significativo de hostilidades entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de esta estratégica zona. Organizaciones de derechos humanos han emitido alertas sobre el riesgo inminente en que se encuentra la población civil, incluyendo el reclutamiento forzado y la ejecución de civiles.
Las bandas del crimen organizado han mantenido enfrentamientos en al menos 14 municipios de las regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas desde el 14 de julio. Estos enfrentamientos han sido particularmente intensos en la frontera entre México y Guatemala, un área de alta importancia estratégica para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Las ONG’s Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas, todos y todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), han denunciado que los grupos armados están reclutando a personas civiles de manera forzada en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec. Además, se han reportado ejecuciones de civiles en Zacualpa y Chicomuselo, quienes fueron previamente reclutados por estos grupos criminales.
BLOQUEOS Y CONTROL DE CARRETERAS
Grupos criminales equipados con vehículos blindados y armados con sofisticado armamento, han establecido al menos 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales en varios municipios, incluyendo Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, La Grandeza, Bellavista, Siltepec, La Concordia, Honduras de la Sierra y Ángel Albino Corzo.
Estos bloqueos han aislado a las comunidades, limitando el acceso a alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. En redes sociales, testigos han reportado que integrantes de una organización criminal, utilizando camiones de redila y vehículos con blindaje artesanal, han colocado bloqueos en varios tramos de carreteras en La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, El Porvenir y Motozintla. Estos grupos armados han obligado a los pobladores a participar en los bloqueos, y muchos habitantes han tenido que abandonar sus hogares, dispersándose y buscando refugio donde pudieron para evitar el fuego cruzado.
USO DE TECNOLOGÍA MILITAR Y ATAQUES COORDINADOS
Los reportes indican que los grupos criminales han recurrido a vehículos con blindaje artesanal y drones para arrojar granadas, aumentando así la letalidad de sus ataques. El domingo 21 de julio, se reportaron bloqueos en varios puntos clave como Ojo de Agua Grande (municipio de Bejucal de Ocampo), Crucero Los Arroyos (municipio de La Grandeza), Unión Progreso, Las Chicharras, Desvío a la Grandeza (municipio de Bellavista), El Jocote (Frontera Comalapa) y en las entradas y salidas de Siltepec.
Las organizaciones de derechos humanos han señalado que la situación se agravó especialmente el sábado 20 de julio, con el cerco a varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, mediante al menos 13 bloqueos carreteros y retenes de hombres civiles armados.
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RIESGO INMINENTE
La Red TDT, Serapaz, SweFOR y el Frayba han informado de enfrentamientos armados en distintas comunidades del municipio de Chicomuselo, como Piedra Labrada y Galicia. Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, quienes han comenzado a desplazarse, exponiéndose a nuevos riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados y de los enfrentamientos en curso.
Una madre de Chicomuselo, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad, compartió su desgarradora experiencia: “Mi hijo fue secuestrado la semana pasada por un grupo armado. No teníamos idea de dónde estaba hasta que nos llegó la noticia de que lo habían ejecutado en Zacualpa. No hay justicia, no hay ley que nos proteja”. Su historia es solo una de las muchas que reflejan la desesperación y el dolor de las familias que están perdiendo a sus seres queridos en medio de esta guerra sin cuartel.
El desplazamiento forzado es otra consecuencia directa de esta escalada de violencia. Comunidades enteras han abandonado sus hogares en busca de un lugar más seguro, a menudo sin saber a dónde ir.
Los refugios temporales en municipios menos afectados se están llenando rápidamente, y las condiciones de vida en estos lugares son precarias, con escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Las autoridades locales y las organizaciones de derechos humanos están sobrepasadas, intentando proporcionar asistencia a un número creciente de desplazados que llegan cada día.
Las ONG’s han solicitado la intervención inmediata del Estado mexicano para garantizar la protección de la población civil en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
LLAMADO A LA ACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO
Las organizaciones demandan información clara y precisa por parte de las autoridades sobre las acciones que se están llevando a cabo para asegurar la protección de la población civil en estos municipios. La situación de violencia y desplazamiento forzado en las regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas subraya la necesidad de una intervención estatal efectiva y coordinada, que no solo aborde la violencia inmediata sino que también implemente medidas de largo plazo para restablecer la paz y la seguridad en la región.
La respuesta de las autoridades ha sido criticada por su lentitud y falta de eficacia. Aunque Gobierno estatal ha desplegado elementos de seguridad en algunas zonas, la presencia de fuerzas armadas no ha sido suficiente para detener el avance de los grupos criminales ni para garantizar la seguridad de la población civil. Organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, han emitido declaraciones urgentes llamando a la acción inmediata del Gobierno federal para intervenir en la crisis.
La organización “Defensores de la Sierra y la Frontera” ha liderado una campaña para atraer la atención internacional sobre la situación en Chiapas.
En un comunicado reciente, denunciaron: “La violencia en nuestra región ha alcanzado niveles insostenibles. Cada día que pasa sin una intervención adecuada, más vidas están en riesgo. Necesitamos ayuda inmediata y efectiva para proteger a nuestras comunidades”.
En resumen, la escalada de violencia en Chiapas y el control territorial ejercido por grupos criminales a través de bloqueos y enfrentamientos, han colocado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Las denuncias de reclutamiento forzado y las ejecuciones sumarias de civiles resaltan la gravedad de la crisis humanitaria que se vive en la región. Las organizaciones de derechos humanos continúan instando al Gobierno mexicano a actuar de manera urgente para proteger a los ciudadanos y restablecer el orden y la seguridad en estas comunidades afectadas por la violencia.