La colaboración con organizaciones y profesionales dedicados a defensoría de los derechos humanos será fundamental
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El próximo Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar está listo para marcar un hito en la protección de los derechos humanos en los pueblos originarios con una medida audaz: la prohibición total de la venta de niñas. Esta decisión histórica, anunciada por la presidenta de la Barra de Abogadas, Eleaneth García de los Santos, refleja un compromiso renovado con la justicia y el bienestar infantil en comunidades vulnerables.
García de los Santos subrayó que la medida no solo aborda una violación grave de los derechos humanos, sino que también busca erradicar la violencia estructural que afecta a los niños y niñas en estas regiones. Destacó que la violencia que sufren los menores va más allá del abuso sexual, mismo que deja cicatrices emocionales y psicológicas. La prohibición de la venta de niñas se enmarca en una estrategia más amplia para promover la paz y prevenir más abusos.
Además de la prohibición de la venta de niñas, el nuevo Gobierno trabajará en una serie de iniciativas que buscan establecer un entorno más seguro para todos los miembros de las comunidades indígenas. Estas acciones incluirán la implementación de programas educativos y de sensibilización sobre los derechos de los niños, así como el fortalecimiento de las redes de apoyo y protección para las víctimas de violencia.
El respaldo de la Barra de Abogadas es crucial para la ejecución efectiva de estas políticas. García de los Santos ha afirmado que la organización se compromete a apoyar las medidas del nuevo Gobierno para garantizar que los derechos de los niños sean protegidos y respetados. Este apoyo institucional es un componente clave para asegurar que las reformas se traduzcan en cambios reales y duraderos en las comunidades afectadas.
La prohibición de la venta de niñas representa un paso decisivo hacia la justicia y la equidad en los pueblos originarios. Con un enfoque que combina la erradicación de la violencia, protección de los derechos infantiles y colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, el próximo mandato tendrá la oportunidad de generar un cambio significativo y positivo para las comunidades indígenas, ofreciendo un futuro más seguro y justo para sus jóvenes.