Según la Diócesis, GN y el Ejército han mostrado indiferencia y complicidad, permitiendo control de grupos delictivos sobre la población
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La Iglesia católica en Chiapas ha lanzado un enérgico llamado al Gobierno federal y estatal para restablecer el Estado de Derecho en los municipios de la Sierra, fronterizos con Guatemala. Este llamado surge ante la creciente violencia en la región, donde los enfrentamientos entre células delictivas han generado un panorama de terror, desplazamientos forzados y un control absoluto sobre la población local.
La preocupación de la Iglesia se manifiesta a través de un comunicado de la Diócesis de Tapachula, en el que se expresa una profunda molestia por la situación actual y una confianza inquebrantable en la intervención divina. “Hermanos y hermanas, hijos todos de nuestra familia diocesana de Tapachula, los saludamos con preocupación y confianza plena en Dios,” comienza el comunicado, destacando el sufrimiento de las comunidades en la forania Sierra.
La presencia constante de grupos criminales disputándose el territorio ha transformado la vida en la región. Según la Diócesis, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han mostrado indiferencia y complicidad aparente, permitiendo que el control de grupos criminales sobre la población sea absoluto. Los habitantes enfrentan secuestros en sus propias comunidades, deben pagar “derecho de piso” a las células delictivas, cumplir con turnos en retenes y soportar altos precios en los escasos suministros disponibles.
El comunicado presentado por Jaime Calderón Calderón, obispo emérito de la Diócesis de Tapachula y arzobispo electo de León, Guanajuato, acompañado de 15 sacerdotes, criticó duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, durante los últimos días de julio de 2024, la violencia se intensificó, con amenazas y coacciones para obligar a los residentes a participar como escudos humanos en los enfrentamientos entre los grupos criminales. La situación es descrita como desesperante, con una población secuestrada en su propia tierra y sin protección efectiva de las autoridades.
La Diócesis también hace un llamado a la unidad y a la acción comunitaria para enfrentar la crisis. “Busquemos la forma de contar nuestra vida, de decir nuestra palabra,” instan, haciendo un llamado a no quedarse en silencio y a fortalecer la unidad en las comunidades para resistir la opresión.
El comunicado concluye con una exhortación a las autoridades civiles para que intervengan y restablezcan el Estado de Derecho. La Iglesia hace un llamado urgente para que el Gobierno cumpla su deber de proteger a la población y no deje que la indiferencia y el temor continúen prevaleciendo.
“La violencia del crimen organizado no nos va a vencer,” asegura la Diócesis, ofreciendo esperanza a una comunidad que enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. La Iglesia católica se presenta como un bastión de apoyo y esperanza en medio del sufrimiento, pidiendo a todos que se unan en la construcción de un futuro más justo y seguro para la región.
La Iglesia católica también ha lanzado un llamado urgente a las comunidades afectadas, buscando romper el ciclo de silencio y sometimiento impuesto por el crimen organizado. Los líderes religiosos han exhortado a los habitantes a rechazar la participación en actividades delictivas y a denunciar las atrocidades que están ocurriendo en sus localidades.
La Iglesia se dirigió específicamente a aquellos miembros de la comunidad que, por dinero, colaboran con los grupos delincuenciales, sometiendo, amenazando y entregando a sus propios hermanos. En un mensaje contundente, les pidieron que se arrepientan y “enmienden el camino”. La complicidad de estos individuos no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también erosiona el tejido social de las comunidades, sembrando desconfianza y miedo entre los vecinos.
Los líderes religiosos hicieron un llamado a la población de la Sierra para que no guarden silencio ante la situación de violencia y derramamiento de sangre que el crimen organizado les ha impuesto. “El crimen organizado nos amenaza y nos quiere someter al silencio para que, más allá de nuestro territorio diocesano, no se sepa ni se crea lo que estamos viviendo y sufriendo día a día. Busquemos la forma de contar nuestra vida, de decir nuestra palabra, de dar a conocer lo que vivimos”, declararon.
La Iglesia enfatizó la importancia de comunicar estas experiencias a aquellos que están fuera de la región, en particular a familiares y conocidos en otras partes de Chiapas y del país. “Muchos tenemos familiares y conocidos más allá de nuestra comunidad y de nuestro Estado de Chiapas, no nos quedemos callados, pidamos que nos ayuden a dar a conocer la historia triste y dolorosa de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras comunidades”, exhortaron los religiosos.
Además, la Iglesia hizo un llamamiento a las autoridades federales y estatales para que la transición gubernamental no se convierta en un pretexto para dejar en el olvido a las comunidades afectadas por la violencia. Insistieron en la necesidad de que la próxima administración mantenga el compromiso de proteger y apoyar a las regiones más vulnerables.
La situación en la Sierra de Chiapas refleja un problema complejo donde el poder del crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la vida comunitaria. La denuncia y el rechazo a la colaboración con los grupos del crimen organizado son pasos esenciales para recuperar la paz y la seguridad en estas áreas. La Iglesia católica, consciente de su papel en la comunidad, continúa promoviendo la esperanza y el cambio a través del arrepentimiento y la valentía para alzar la voz.
Este llamado no solo es una demanda de justicia, sino también un recordatorio de la solidaridad y la humanidad que deben prevalecer en tiempos de crisis. La Iglesia católica, en su papel de guía moral y espiritual, sigue luchando por un Chiapas libre de violencia, donde las comunidades puedan vivir en paz y dignidad.
Las autoridades del municipio guatemalteco de Cuilco han habilitado un refugio para recibir a más de 600 personas provenientes de Chiapas, México, quienes han sido desplazadas debido a la creciente violencia en la zona fronteriza. La pugna entre al menos dos grupos criminales ha desatado un conflicto que ha forzado a numerosas familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha confirmado que su Gobierno está trabajando en coordinación para brindar asistencia a las personas que están escapando de la violencia. “Manifestar que como gobernación departamental nos solidarizamos con los hermanos del país vecino, por ello estamos realizando las acciones correspondientes para garantizar asistencia humanitaria a los afectados, también se están efectuando acciones para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos”, informó el departamento de Huehuetenango a través de un comunicado de prensa.
La situación es crítica, y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ha detallado que se está apoyando con el traslado de víveres donados para entregarlos a los desplazados. Las autoridades locales han habilitado un albergue temporal en el salón municipal de Cuilco, donde se están ofreciendo refugio y asistencia a las familias afectadas.
Elsa Hernández, gobernadora del municipio guatemalteco, indicó ayer que al menos 600 mexicanos llegaron a una aldea en Cuilco. “Pero en este momento estamos viendo un desplazamiento forzoso de población, en su mayoría mexicanos que están ingresando a territorios de Cuilco, eso debido a la violencia que se está viviendo en territorio mexicano”, señaló Hernández, subrayando la gravedad de la crisis.
El concejal de Cuilco, Juan Francisco Méndez, elevó la cifra de desplazados a 800 y ha hecho un llamado urgente a las autoridades del Gobierno y a instituciones para obtener más víveres y recursos necesarios para atender a los migrantes. La demanda de ayuda humanitaria es creciente y las autoridades locales se enfrentan a desafíos logísticos significativos para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados.
En un esfuerzo conjunto, el presidente Bernardo Arévalo ha declarado que, en coordinación con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco, a través del Ministerio de la Defensa, se está proporcionando la atención necesaria a los desplazados. “Ya estamos presentes desde el primer momento y ya se está colaborando para darle atención a esos refugiados”, afirmó el mandatario, destacando la rápida respuesta del Gobierno guatemalteco ante esta emergencia.
La violencia en la zona fronteriza de Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, y la disputa entre grupos criminales ha llevado al desplazamiento forzoso de cientos de personas que buscan desesperadamente seguridad en el vecino país de Guatemala. La comunidad internacional está observando con atención la situación, y se espera que la respuesta coordinada de las autoridades guatemaltecas y las organizaciones humanitarias pueda mitigar el sufrimiento de los desplazados.
El refugio temporal en Cuilco se ha convertido en un símbolo de esperanza para las familias desplazadas, pero también pone de relieve la urgencia de abordar las raíces de la violencia en Chiapas y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas afectadas por este conflicto. La cooperación y la solidaridad transfronteriza son esenciales para enfrentar esta crisis humanitaria y proporcionar un refugio seguro para aquellos que han sido forzados a huir de sus hogares.