La detención de un hombre tseltal sin orden judicial desató protestas en la localidad por presunto exceso de poder
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La detención de un hombre indígena de 67 años en el municipio de Tenejapa ha desatado una oleada de indignación y protestas por parte de su comunidad. Lo que podría haber sido un procedimiento legal terminó convirtiéndose en una muestra alarmante de cómo el poder local se ejerce sin controles ni rendición de cuentas, en especial contra quienes menos posibilidades tienen de defenderse.
Sebastián Méndez Entzin, originario de la comunidad de Winnington y hablante tseltal, fue arrestado por autoridades municipales sin que mediara una orden judicial. La cifra de la multa impuesta fue de 228 mil pesos, cifra que resultó escandalosa no solo por su desproporción, sino por la falta de transparencia que rodea la justificación de esa sanción. El hecho de que, tras más de 40 horas, aún no haya sido presentado ante el Ministerio Público evidencia una ruptura en el debido proceso.
En Tenejapa, como en muchas regiones indígenas de Chiapas, la justicia formal convive con sistemas normativos comunitarios, pero en este caso ninguna de las dos rutas parece haber sido respetada. Los familiares de Méndez Entzin acusaron a las autoridades locales, incluido el juez y el síndico, de actuar con total impunidad, lo que deja ver una estructura municipal más interesada en castigar que en impartir justicia.
Lo ocurrido no es un caso aislado, sino parte de una serie de prácticas que se han normalizado en las administraciones municipales, donde los derechos humanos rara vez son prioridad. La falta de una defensoría eficaz y el desconocimiento del idioma oficial por parte de muchos ciudadanos indígenas agravan el acceso a la justicia.
Los familiares y la comunidad exigen una respuesta inmediata de Gobierno estatal. La intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH) se vuelve imprescindible no solo para esclarecer este caso, sino para frenar una inercia de abuso institucional que pone en riesgo a cualquier ciudadano que no cuente con influencias o recursos. El silencio oficial, hasta el momento, resulta tan preocupante como la detención misma.
