Casos como el de Alejandra reflejaron la criminalización basada en género, etnia y clase, donde pruebas claras son ignoradas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el sistema de justicia penal opera con profundas grietas que arrastran consigo a mujeres que nunca debieron ser detenidas. De acuerdo con la Colectiva Cereza, defensora de los derechos humanos de mujeres encarceladas, el 80 por ciento de las internas del Centro de Readaptación Social número 5 en San Cristóbal de Las Casas son inocentes. Su delito no ha sido comprobado, su defensa ha sido nula, y en muchos casos ni siquiera conocen el motivo real de su reclusión. Para el Estado, su existencia basta como prueba, ser mujer, pobre e indígena equivale a ser sospechosa.
Casos como el de Alejandra, una mujer tseltal acusada por una supuesta relación con un hombre vinculado a delitos, muestran cómo las estructuras judiciales replican prejuicios de género, etnia y clase. Pese a las pruebas de geolocalización que la ubican lejos del lugar de los hechos, fue condenada por una “prueba circunstancial” sin sustento legal. Ni sus testigos ni los datos técnicos fueron suficientes frente al estigma. En lugar de justicia, recibió tortura y tratos prohibidos por la Constitución, según denuncias de la colectiva.
Este panorama se agravó al contrastarlo con cifras oficiales. El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el 66 por ciento de las mujeres en prisión en Chiapas son indígenas, y que el 72 por ciento no contó con traductores durante su proceso. A nivel nacional, el 45 por ciento de las reclusas no tuvieron una defensa pagada, y el 62 por ciento declaró haber sido presionada o violentada para firmar una declaración en su contra.
Colectiva Cereza insistió en que los casos como el de Alejandra no son excepcionales, sino parte de una estructura sistémica que normaliza la criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad. La exigencia no es simbólica, piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue con perspectiva de género e interculturalidad, no como una cuota de corrección política, sino como herramienta real para evitar más detenciones arbitrarias y condenas injustificadas.
En un contexto donde la seguridad se mide por número de detenciones, la cárcel se convierte en el destino fácil de quienes no pueden defenderse.
