La estrategia de “Cero Corrupción” enfrenta el reto de limpiar las prácticas opacas, mientras el personal exigejusticia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El sector salud enfrenta una crisis de credibilidad ante denuncias por nepotismo y corrupción en sus estructuras. Trabajadores anónimos han señalado irregularidades que comprometen la transparencia en la asignación de plazas y el uso de recursos, con implicaciones directas en la calidad del servicio médico. Estas prácticas, atribuidas a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), evidencian la urgencia de una reforma estructural en la dependencia.
El anuncio de la estrategia gubernamental “Cero Corrupción” ha generado expectativas sobre una limpieza profunda en las áreas administrativas de la Secretaría de Salud. Sin embargo, los propios trabajadores demandaron que las investigaciones incluyan a líderes sindicales que, bajo presuntos actos de abuso de poder, han utilizado sus posiciones para crear redes familiares dentro del sistema.
Entre las denuncias destacan sueldos elevados y la doble plaza de ciertos líderes sindicales, señalados por no desempeñar funciones activas en sus puestos asignados. Además, casos de nepotismo, como la asignación de plazas a familiares cercanos, contradicen las normativas vigentes y refuerzan un esquema de beneficios particulares que deja de lado el principio de meritocracia.
Para los trabajadores, el reto va más allá de las denuncias: se requiere de una transformación efectiva que garantice procesos justos y equitativos en la asignación de recursos humanos. La plataforma de transparencia ha revelado detalles que refuerzan las acusaciones, pero queda en manos de las autoridades estatales y federales convertir estos datos en acciones concretas que no solo castiguen las irregularidades, sino que sienten precedentes para prevenirlas en el futuro.
En este contexto, la erradicación del nepotismo liderado por el doctor José Luis Díaz Selvas, en el sector salud no solo debe entenderse como un ajuste administrativo, sino como un compromiso con los principios de justicia y equidad. Para alcanzar estos objetivos, las instituciones deberán actuar con determinación y voluntad política.
