Otras familias permanecerán en Polhó a la espera de garantías de seguridad y el pago de daños
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Este 29 de septiembre se cumplieron tres años desde que comunidades tsotsiles del sector Santa Marta, en San Pedro Chenalhó, abandonaron sus hogares tras un conflicto armado. En la actualidad, 68 familias permanecen refugiadas en la comunidad zapatista de San Pedro Polhó, viviendo en condiciones precarias mientras esperan regresar a sus viviendas.
El representante de los desplazados, Manuel Gómez Velasco, informó que el primer retorno se realizará los próximos 7 u 8 de octubre, con nueve familias que retornarán de forma voluntaria. El resto permanecerá en Polhó hasta que se acuerde un segundo retorno, condicionado a garantías de seguridad y el pago de daños. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México más de 15 mil personas permanecen desplazadas de manera interna por conflictos locales, con Chiapas que concentró alrededor del 30 por ciento de los casos.
Durante los años de refugio, las familias enfrentaron frío, escasez de alimentos y limitaciones para acceder a servicios básicos. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mostraron que 84 por ciento de la población indígena en la entidad vive en condiciones de pobreza, lo que incrementa su vulnerabilidad ante situaciones de desplazamiento forzado.
A pesar del retorno parcial, los desplazados exigen justicia por los cinco desaparecidos desde el conflicto de septiembre de 2022 y denunciaron que la Fiscalía de Justicia Indígena no ha dado avances claros. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que en la comarca se registraron más de mil 200 casos de desapariciones forzadas desde 2018, con comunidades indígenas entre las más afectadas.
El primer retorno, aunque simbólico, reflejó la compleja realidad de las víctimas, la necesidad de recuperar sus hogares sin renunciar a la seguridad y los derechos que aún reclaman. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desplazamientos internos derivados de violencia intercomunitaria en México afectan cada año a miles de personas, esto subrayó la urgencia de políticas públicas que garanticen protección, reparación y acceso a la justicia para las comunidades desplazadas.
