Organizaciones civiles advirtieron que los centros de atención no cubren la demanda y operan con horarios restringidos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la violencia contra las mujeres crece cada año, pero la infraestructura para atenderla sigue siendo mínima. Aunque siete municipios cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGCM), solo operan dos refugios en todo el estado, ambos sostenidos por organizaciones civiles en Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. El contraste entre la magnitud del problema y la limitada respuesta institucional reflejó una brecha crítica en la atención.
Mientras tanto, los inmuebles construidos por el propio Gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez permanecen sin uso, sin explicaciones claras sobre su abandono. Esto ocurre en un contexto en que la entidad ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y registró un aumento del 12 por ciento en llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género durante 2024.
La presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, advirtió que los centros de atención abiertos en esta administración no sustituyen a los refugios, puesto que operan con horarios limitados, lo que deja desprotegidas a mujeres y niñas en situaciones de emergencia. Según datos de la Red Nacional de Refugios, el 70 por ciento de las mujeres que buscan ayuda lo hacen fuera de horarios de oficina.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones civiles, la capacidad resulta insuficiente. La Red de Refugios en México reportó que solo el 40 por ciento de las mujeres que requieren ingreso a estos espacios logra acceder a uno, lo que significa que miles de chiapanecas quedan expuestas a seguir conviviendo con sus agresores. En paralelo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que el 71 por ciento de las chiapanecas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
El testimonio de Simón Ortega fue rotundo, en lo que va del año, su organización ha atendido más de 415 casos de agresiones. Ante este panorama, la exigencia es clara, sin refugios ni recursos adecuados, la declaratoria de alerta de género en la comarca corre el riesgo de convertirse en un documento simbólico, sin impacto real en la vida de las mujeres que deberían ser protegidas.
