El Congreso busca fortalecer el vínculo materno-filial y garantizar un entorno seguro para
el desarrollo de las infancias y adolescencias
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
El reciente avance legislativo en Chiapas, que establece la imprescriptibilidad de los delitos
sexuales contra menores, subraya la urgencia de abordar la violencia de género y su
impacto en las familias, particularmente en las madres que han sido víctimas de
feminicidio. Este contexto resalta la voz de las madres que han perdido a sus hijas e hijos
en circunstancias violentas y cómo su experiencia se entrelaza con la lucha por la
protección de los derechos infantiles.
La reforma, aprobada por el Congreso del Estado, busca fortalecer el vínculo materno-filial
y garantizar un entorno seguro para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La
diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez destacó la importancia de esta reforma,
vinculándola a la Ley Camila, que protege el derecho fundamental de los menores a
mantener una relación con sus madres. Esta relación es crucial para el desarrollo
emocional y social de los infantes, y su deterioro puede tener consecuencias graves a
largo plazo.
Las madres víctimas de feminicidio, a menudo, enfrentan un doble duelo, la pérdida de su
vida y la separación forzada de sus hijos. El feminicidio no solo es un acto de violencia
extrema contra la mujer, sino que también destruye el tejido familiar, afectando a los hijos
que quedan sin su madre. Estas mujeres, y sus familias, son testigos del fracaso de un
sistema que no ha logrado protegerlas y que, en muchos casos, no proporciona justicia ni
reparación.
Las estadísticas presentadas por Aguiar Álvarez revelan un aumento alarmante en los
delitos de pederastia en Chiapas, lo que enfatiza la necesidad de un enfoque más robusto
para proteger a los niños y niñas. La Fundación Granito de Arena ha reportado un
incremento significativo en los casos de abuso sexual, lo que pone de manifiesto la
vulnerabilidad de la infancia en el estado. La atención a estos casos es esencial, no solo
para brindar apoyo inmediato a las víctimas, sino también para prevenir futuros abusos.
El reconocimiento de la violencia vicaria, que afecta a las madres a través del daño a sus
hijos, es un paso significativo hacia la comprensión de la violencia de género en todas sus
formas. Esta violencia no solo se manifiesta en el ámbito físico, sino que también se
manifiesta emocional y psicológicamente, afectando la estabilidad y salud mental de las
mujeres que sufren estas pérdidas.
La postura de las madres que han sido víctimas de feminicidio ante estas reformas es
clara: buscan que se reconozca su dolor y que se tomen medidas efectivas para prevenir
que más mujeres y niños sufran las consecuencias de la violencia. El vínculo materno-filial
no debe ser una casualidad; debe ser protegido y promovido como un derecho
fundamental.
La reforma en Chiapas representa una oportunidad para fomentar una cultura de paz y
respeto hacia la infancia y las mujeres. Es un llamado a todos los órdenes de Gobierno y a
la sociedad civil para trabajar en conjunto en la prevención de la violencia y en la
promoción de entornos seguros para las familias. Solo a través de un compromiso
colectivo se podrá garantizar que no se repitan las historias trágicas de tantas madres y
sus hijos, y que se construya un futuro más justo y seguro.
