Los compromisos de obra pública incumplidos por alcaldes debido a la falta de financiamiento generan tensiones
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El nuevo esquema de distribución de recursos federales, que prioriza la entrega directa a comunidades indígenas, ha expuesto una red de compromisos políticos y económicos en diversos municipios de Chiapas. Al eliminarse la intermediación de los ayuntamientos, muchos alcaldes quedarían sin margen para cumplir acuerdos con particulares que financiaron sus campañas a cambio de contratos públicos.
Empresarios de la construcción, representados por Efraín Santos, han alzado la voz y advirtieron que podrían movilizarse si no se saldan los compromisos pactados con ediles electos. Aseguraron que su apoyo electoral incluía la promesa de acceso a obra pública, pero con la reducción de fondos y el nuevo modelo de asignación, esos convenios quedan en el limbo financiero.
El presidente del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño, fue tajante, ningún alcalde debió comprometerse con particulares, y menos ahora que las comunidades beneficiarias están organizadas y no permitirán injerencias políticas en la ejecución de obras. Las reglas han cambiado, pero las deudas políticas quedaron sin resolver.
La presión sobre los ayuntamientos crece no solo por los compromisos adquiridos, sino también por el desfase en la entrega de recursos estatales y la vigilancia que ha prometido el Ejecutivo estatal. El propio gobernador advirtió que se auditarán precios y se vigilarán las asignaciones para evitar el resurgimiento de empresas “patito” y prácticas de corrupción heredadas.
Mientras tanto, los efectos de esta transición presupuestaria ya se sienten, alcaldes con las manos atadas, comunidades con autonomía financiera creciente, y contratistas impacientes. Lo que parecía un avance en participación directa de los pueblos, deja también al descubierto una vieja práctica electoral que ahora pone en jaque la gobernabilidad local.
