Más de mil 800 denuncias y millonarias pérdidas reflejaron la magnitud del problema en la entidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Falsificar documentos en Chiapas ha dejado de ser un acto clandestino para convertirse en una herramienta funcional del sistema. Desde escrituras manipuladas hasta credenciales clonadas, la alteración de papeles forma parte de una economía informal y de una burocracia que a menudo prefiere mirar a otro lado. Esta semana, el Congreso local endureció las penas, pero el hábito sigue teniendo padrinos más poderosos que la ley.
Con la aprobación del Decreto 274, el artículo 240 del Código Penal ahora contempla de dos a seis años de prisión y multas de hasta 300 días para quien incurra en falsificación. Además, si el responsable es funcionario, notario o perito oficial, también podrá ser inhabilitado. Pero la reforma, aunque necesaria, no aborda el tejido institucional que sostiene este delito. La impunidad no radica en la falta de leyes, sino en la falta de voluntad para aplicarlas.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas acumuló mil 842 denuncias por falsificación de documentos tan solo en 2023, siendo uno de los cinco estados con mayor incidencia. A eso se suman los conflictos derivados, el Registro Agrario Nacional reportó que el 27 por ciento de los litigios por tierras en Chiapas tienen origen en documentos irregulares o manipulados.
El costo de esta práctica también se traduce en pérdidas económicas. De acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Notarios, los fraudes y litigios vinculados a documentos falsos han costado al erario más de 40 millones de pesos en la última década, sin contar el daño a la confianza institucional. Mientras crecen los fraudes, los órganos encargados de detectar y frenar estas redes operan sin personal suficiente ni herramientas tecnológicas efectivas.
La reforma es un paso, pero no basta. No hay incentivos para denunciar, no hay protección a testigos, ni mecanismos eficaces de fiscalización. Mientras las notarías funcionen como feudos privados, los archivos públicos como bodegas desordenadas, la falsificación encontrará terreno fértil. Aumentar las penas es importante. Pero desarticular las complicidades es urgente.
