En una región donde el 76.6 por ciento vive en pobreza, las tarifas ha generado molestia por parte de la población
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En el ejido Aquiles Serdán, Huixtla, el puente que colapsó hace un año por las lluvias no solo sigue sin reconstruirse, sino que se ha convertido en el pretexto para imponer un cobro de acceso que ha encendido el descontento. Las autoridades rurales están exigiendo 150 pesos por vehículo a quienes entran a la colonia, pese a que la obra fue anunciada como financiada por el ayuntamiento. La comunidad no solo enfrenta un problema de infraestructura, sino una disputa por el control del territorio y el dinero.
Los habitantes, en su mayoría personas que viven al día, ven con indignación cómo se les impone una tarifa que no fue consultada y que vulnera aún más su precaria economía. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 76.6 por ciento de la población en Huixtla vive en condición de pobreza. La cifra da contexto a lo que en otra zona podría parecer un cobro menor, pero que aquí representa un golpe injustificable a los bolsillos de quienes deben ingresar a diario a su comunidad.
El malestar no solo se centra en el cobro, sino en la falta de claridad sobre el destino real del dinero. Aunque se expiden recibos, no hay una rendición de cuentas ni pruebas tangibles de que los recursos estén siendo canalizados hacia la reconstrucción del puente. Esto alimenta una sospecha más profunda, la falta de transparencia en las obras públicas es una constante en la región, donde se reporta que muchas de estas quedan inconclusas o presentan irregularidades en su ejecución.
El carácter agresivo de quienes efectúan los cobros ha sido denunciado por los mismos pobladores a través de redes sociales, esto eleva el conflicto a una disputa local. En una zona donde más del 60 por ciento de los caminos rurales están en malas condiciones, como lo reconoce la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que un puente se vuelva un peaje improvisado agrava aún más la brecha entre autoridades y ciudadanía.
Los vecinos no piden caridad, exigen claridad. La comunidad exige una respuesta directa del alcalde Régulo Palomeque Sánchez, quien hace apenas dos meses dio el banderazo de inicio de la obra, comprometiéndose a que sería financiada por el ayuntamiento. Hoy, ese compromiso está en entredicho. La población no solo necesita un puente funcional, también un Gobierno que entienda que la legitimidad no se construye con discursos, sino con acciones transparentes.
